Políticas de acceso a los alimentos: reivindicación del maya como ciudadano guatemalteco

 

El papel del Estado debe ser repensado para garantizar el acceso a los alimentos a fin de que sea más activo en el proceso de formulación de políticas públicas que respondan a ese propósito. Como resultado del capitalismo tardío existente se concentró tanto el sistema alimentar que los individuos quedaron sin poder de decisión, es decir, sin la capacidad, libertad y responsabilidad de escoger su alimentación (Lang, 1999).

 

Dicho poder de decisión, que determina el acceso a los alimentos, depende, primero, de la capacidad adquisitiva de la población, que se compone de dos aspectos: los ingresos y la evolución de los precios. Segundo, depende también, entre otros factores, del conocimiento acerca de los alimentos, de los incentivos de compra por parte de las tiendas y del valor atribuido a las cosas, es decir, de la percepción de cuál producto en la tienda vale realmente el precio que posee, así como de factores como la aceptabilidad social, la raza, la etnia, los gustos y las preferencias (Freedman; Blake; Liese, 2013; Rose et al., 2010).

 

A título de ejemplo de esa relación, según el bagaje teórico de los antepasados mayas y la experiencia, existe una clasificación alimenticia. Ésta se basa en la naturaleza del alimento, que puede ser clasificado como “frío” o “caliente”. Los calientes son beneficiosos al organismo debido a que preservan la temperatura corporal (Galindo; Chang, 2014), mientras los fríos no lo son. De forma que, en la formulación de políticas o de recomendaciones nutricionales, no deben pasarse por alto esos saberes y prácticas que inciden en el poder de decisión.

 

White (2007) advierte que dicho poder también se ve afectado por el incentivo al consumo de alimentos propio de la estructura del mercado actual. Esto ha sido objeto de investigación con el fin de sustentar el redireccionamiento de las políticas públicas de regulación, culturalmente aceptadas, en defensa del consumidor.  

 

Para asegurar la aceptación cultural es importante conocer los procesos, los sentidos atribuidos y cómo se alimentan las comunidades rurales. Por ejemplo, Soares y Coelho (2008) muestran que las familias, ante la incapacidad de asegurar alimentos de calidad y seguir las orientaciones de los servicios de salud, optan por productos que se puedan compartir fácilmente, que duren más en la alacena y produzcan sensación de saciedad, así como un eventual aumento de peso, ya que con esto invisibilizan su situación de pobreza ante la sociedad, aun cuando se posean deficiencias alimenticias. De manera que, en esas familias, el correcto cuidado alimenticio del infante se pierde en detrimento de las preocupaciones de la vida diaria. Conociendo estos aspectos, es posible incorporar esos sentidos y significados en la re-educación alimentaria, por ejemplo.

 

Además la vulnerabilidad en cuanto al acceso a los alimentos, en el caso guatemalteco, continuará inserta dentro de una lógica de mercado, individualizándose por completo la responsabilidad del acto alimenticio, sin considerarse factores como el trabajo informal y  la pobreza, agravados por un Estado que no privilegia las condiciones sociales y de seguridad social. Reflejo de lo anterior, Guatemala es el penúltimo país de América Latina en gasto social, al que se destina  tan sólo el 8.1% del PIB (Acosta; Almeida; Pena, 2016). En el contexto brasileiro, Silva (2014), explicara el bajo gasto social por la existencia de un Estado que deja en manos de las alianzas con el sector privado y de las prácticas de solidaridad lo que debería ser su obligación garantizar.

 

De tal forma, delante de la persistencia de la pobreza y la desigualdad social dentro del campo del acceso a la alimentación, deben plantearse políticas que se correspondan con un Estado incluyente, por medio de programas de protección social no contributivos dirigidos a los más vulnerables, mientras se creen otros mecanismos de sostenibilidad, a través de la inserción y dignificación de la población, garantizándose los derechos económicos, sociales y culturales (Martínez; Cecchini, 2011), en este caso, de los ciudadanos guatemaltecos.

 

Un ejemplo de dichos programas son las políticas de transferencia en efectivo, pertenecientes al sistema de protección social. Este sistema también es responsable de las políticas contributivas (seguridad social) y de la regulación del mercado laboral, con el fin de proteger el trabajo decente, las políticas de antidiscriminación y la eliminación del trabajo infantil (Bertranau, 2008; Martínez; Cecchini, 2011). Todas incidiendo en el derecho a la alimentación, por medio de la mejora de la capacidad adquisitiva y por tanto, del acceso a los alimentos.

 

Actualmente existe una transición del término “transferencias condicionadas en efectivo” a “transferencias en efectivo con corresponsabilidad”, lo cual otorga dinero a las familias no solo bajo la responsabilidad de cumplir ciertas obligaciones, sino también responsabiliza al Estado de garantizar las condiciones favorables que permitan la inserción en el mercado del trabajo y el acceso a servicios básicos, sobre la base de reconocer la desigualdad existente en la estructura económica, laboral y social, para, de forma equitativa, garantizar el pleno desarrollo de los ciudadanos (Bertranau, 2008; Cohen; Franco, 2006).

La primera experiencia de transferencias en efectivo en Guatemala se remonta al 2008, durante el gobierno de Álvaro Colom, por medio de la creación del Consejo de Cohesión Social, que también tendría a su cargo el programa de Comedores Solidarios, como un mecanismo para que personas en condición de calle pudieran adquirir a alimentos por un costo accesible (Guatemala, 2008).

 

Dichos programas dieron un primer paso en otorgar recursos y alimentos para los más pobres, sin embargo, fueron implementados de forma focalizada, errática, con atrasos y guiándose por criterios que excluyeron departamentos de alta vulnerabilidad nutricional, sin articularse con otras políticas destinadas a la emancipación de sus beneficiarios  (PDH, 2009), contrario al caso del programa Bolsa Família que, según Rego y Pinzani (2014) permitió la disminución de la pobreza y la dignificación de la población históricamente marginalizada, que adquirió la posibilidad de ser autónoma.

 

Otro programa de acceso a la alimentación de importante potencial para la comunidad infantil maya es el Programa de Alimentación Escolar. En Guatemala el primer proyecto de Alimentación Escolar comenzó en 1959 por medio de la cooperación internacional, no obstante, solo fue desarrollado, sin interrupciones, a partir de 1985. Aunque el programa está en ejecución, son pocos los estudios publicados que evalúen su impacto, debido, en parte, a las múltiples formas que ha adoptado, lo que imposibilita conocer su eficiencia y eficacia (Alvarado, 2014).

 

Debido, principalmente, a las características calóricas deficientes de los alimentos que oferta y a la inconsistencia en la entrega de los mismos, se ha constituido como un programa de refacción escolar, distante de la propuesta ideal: brindar un alimento con el objetivo de evitar la sensación de hambre en el momento del aprendizaje, mejorando la concentración y el desempeño escolar. Además, debe poseer un valor social de carácter estratégico al envolverse en el proceso de enseñanza aprendizaje, constituyéndose una práctica pedagógica que promueva la seguridad alimentar y nutricional reduciendo privaciones vividas en el hogar (Brasil, 2007; Freitas et al., 2013; Libermann; Bertolini, 2015). 

 

Existen experiencias positivas de alimentación escolar, como, por ejemplo, el caso brasilero, que, aunque comenzó con la participación de la comunidad internacional y brindándose una simple merienda (Brasil, 1955), consiguió evolucionar. De esta forma, la alimentación escolar fue incluida como derecho constitucional en 1988 y, posteriormente, en las directrices y bases de la educación nacional. Actualmente, el programa de alimentación escolar se extiende de forma universal, incluye a un nutricionista como responsable técnico del programa y utiliza productos locales provenientes de la agricultura familiar, priorizándose los alimentos orgánicos y agroecológicos, así como, alimentos restrictos de azúcar, grasas y sal, fomentándose la participación comunitaria (Barbosa, 2012).

 

Políticas de utilización biológica de los alimentos

 

• La utilización biológica de los alimentos se refiere a la capacidad del organismo de utilizar los alimentos que se consumen para convertirlos en nutrientes que posteriormente serán asimilados. Para que esto suceda se requiere que el alimento conserve su calidad desde la cosecha, la compra y la manipulación hasta el consumo, lo cual implica que sea inocuo y realmente posea propiedades nutritivas (FAO, 2006).

 

Quizás una de las áreas más desafiadoras e imprescindibles en la implementación de políticas públicas de seguridad alimentaria sea la de utilización biológica, no por la dificultad de formularlas, sino por su amplitud. Esa cobertura incluye, sin ser exhaustivos, medidas de saneamiento ambiental, provisión de servicios de salud pública, educación alimentaria culturalmente adaptada y una adecuada vigilancia sanitaria de los alimentos, cada una de estas acciones garantizadas con corresponsabilidad del Estado.

 

Estudios apuntan (Jesus et al., 2014; Kavosi et al., 2014; Sobrino et al., 2014) que la ausencia de condiciones de saneamiento ambiental; la precaria atención pre-natal; las condiciones de vivienda inadecuadas; la morbilidad infantil; la existencia de fuentes de agua no potable, aumentan el riesgo de padecer déficit nutricional en los niños. Contrario a esas condiciones, estudios de cohortes (Hoddinott et al., 2013; Horton; Steckel, 2013; Victora et al., 2015) muestran que aquellos que poseen control pre-natal, lactancia materna, acceso a la educación, mejores condiciones socioeconómicas, en la vida adulta logran mejores oportunidades laborales y remuneración salarial.

 

A pesar de la importancia de dichos servicios, según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) realizada en 2014, sólo el 77.8% de la población posee una fuente de abastecimiento de agua mejorada[2], siendo el acceso mayor en el área urbana, donde alcanza al 89.0% del total de la población, a diferencia del área rural, donde apenas el 64.4% de los hogares cuentan con dicho recurso. Por otro lado, solo el 58.3% del total de la población posee condiciones apropiadas de saneamiento ambiental, mientras que, si considerásemos esta cifra según el área de residencia, la situación en el área rural es crítica, al alcanzar sólo al 28.9% de los hogares (Guatemala, 2015).

 

La situación continúa siendo crítica en el área rural a pesar de la aprobación de la Política Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento, en el 2012, que pretendía mejorar la infraestructura existente y ampliar la cobertura en municipios priorizados debido a sus tasas de desnutrición, pobreza y morbimortalidad infantil. No obstante, no se explicitaron los mecanismos que se llevarían a cabo para implementar la política y se priorizaron  apenas criterios referidos a la localización geográfica de las áreas, desconsiderándose otros factores como la situación familiar específica. Otras políticas similares priorizaron familias de baja renda según criterios universales y se desarrollaron dependiendo del fin que poseyera el agua, a saber, consumo o producción (Brasil, 2011).

 

El acceso a la salud en Guatemala enfrenta grandes desafíos, desde el bajo financiamiento, de un 7.1% del PIB, que no ha presentado cambios en la última década, hasta la existencia de una infraestructura prácticamente estática. El 90% del gasto en salud proviene del bolsillo del usuario (WHO, 2011). Además, el 70.9% del personal de salud se concentra en la capital, quedando en situación de vulnerabilidad las regiones más apartadas del país (URL, 2008).

 

Mientras tanto, habitantes de muchas regiones del país ven su movilidad hacia los servicios de salud dificultada por las características geográficas de las zonas, y, aunque el atendimiento en el servicio de salud sigue siendo gratuito, implica un gasto en transporte y medicamentos, por lo tanto, prefieren invertir en acudir a las farmacias que brindan atención en la lengua local, respetando las creencias y cultura. A ellas acuden sin miedo al mal trato y discriminación que han encontrado en el sector de la medicina tradicional (Hautecoeur; Zunzunegui; Vissandjee, 2007).

 

Por otra parte, la educación alimentaria ha ganado espacio, especialmente con las guías alimentarias como herramientas. Dichas guías se enfocan tanto en la deficiencia nutricional, como en la desnutrición y la obesidad, con el objetivo de recomendar la cantidad y calidad de los alimentos dentro de patrones dietéticos adecuados, basándose en argumentos científicos y respetando las características de cada grupo etario, para que sus recomendaciones posean mayor aceptabilidad de acuerdo a los alimentos típicos de cada grupo. Debe darse especial atención a las guías para niños menores de dos años, atendiendo a las características ambientales, culturales y escolares de la población (Barbosa; Salles-Costa; Soares, 2006).

 

De forma que la utilización biológica de los alimentos es un área multidimensional de suma importancia, que muestra que la seguridad alimentaria no depende de un solo aspecto. Por ejemplo, el garantizar a las familias el poder adquisitivo sin una educación alimentaria continua y de pertinencia cultural, bajo condiciones insalubres e inaccesibilidad a la educación, no garantizará mejorar el estado nutricional de las familias y, peor aún, tampoco garantizará el rompimiento de la cadena intergeneracional de la desnutrición.