Pablo Ceriani Cernadas – Hay varios aspectos interesantes a nivel regional, uno es el carácter dinámico que tiene la foto de las migraciones. En un punto de partida, hace 10 o 15 años presenciamos dos procesos de movilidad clásicos: uno, de países de América Latina y El Caribe hacia Estados Unidos y a Europa; y dos, la movilidad hacia países limítrofes. Por ejemplo, hacia Argentina, a Venezuela, de Nicaragua a Costa Rica, cierta migración guatemalteca al sur de México, de Haití a República Dominicana, que es un movimiento poblacional de larga data, entre otros. En términos estadísticos, el segundo movimiento ha sido bastante inferior a aquellos realizados en dirección hacia Estados Unidos.

En los últimos 10 o 15 años, esta foto cambió mucho en diferentes sentidos: surgen nuevos procesos de movilidad, especialmente dentro de los procesos de migración sur-sur, la migración hacia destinos más novedosos, como Chile por ejemplo; la migración hondureña a El Salvador (por trabajo rural), la migración haitiana a otros países de El Caribe, a Brasil, a Argentina o Chile, atravesando buena parte del continente desde Ecuador a Estados Unidos; la migración asiática y africana, que busca permanecer en la región o moverse desde diferentes países, cruzando el Darién, Panamá, y otros países con el objetivo de llegar a Estados Unidos – aun cuando muchos, lamentablemente, no lo logran debido a los múltiples retos y riesgos que de manera creciente han caracterizado diversas rutas migratorias.

Otro aspecto es el carácter de crisis. Pienso que presenciamos en la región dos de las principales cinco crisis de movilidad a nivel mundial. Una es la movilidad de personas centroamericanas (de Honduras, Guatemala y El Salvador) hacia (a través de) México, para ir a Estados Unidos; que, a partir del año 2000 en adelante y marcadamente a partir del año 2010, adquiere la presencia cuantitativamente importante de niños, niñas y adolescentes en todo tipo de categoría de niñez en contexto de movilidad: niños migrando con uno o los dos padres, con otros familiares o adultos conocidos, migrando completamente solos, con hermanos o primos, o migrando en el marco de redes de tráfico de personas.

Una característica de este proceso migratorio es la presencia del desplazamiento de niños cada vez más jóvenes. Si tomamos las cifras de México del año 2014, la edad de la amplia mayoría de la población infanto-juvenil en movilidad alcanzaba entre 14 y 17 años de edad, pocos años después sabemos que el porcentaje de niños o niñas menores de 12 años ha crecido de manera considerable, como lo evidencian las estadísticas oficiales de detención migratoria en México¹.

Otro de los rasgos de esta crisis migratoria tiene que ver con la complejidad de las causas de la migración de los niños. A los problemas estructurales de exclusión, de pobreza, de desigualdad, se suman niveles inéditos de formas de violencia en general y contra la niñez en particular, que puede ser de tipo institucional (en los tres países se expresa con énfasis, pero sobre todo en el caso hondureño), también violencia en el barrio, en la comunidad (maras, pandillas), que encuentra una repuesta securitaria por parte de los Estados (vinculada a la defensa de la soberanía estatal antes que a la vida de las personas); existe la violencia sexual muy fuerte contra chicas y todo ello ante una impunidad generalizada.

Luego, esto se complementa con un proceso que visibiliza una absoluta ausencia de la mirada de la infancia y la familia en los procesos migratorios, concretamente lo afirmo pensando en la acción de la política estadounidense de las dos últimas décadas – que es importante destacar en esta crisis.

Buena parte de los niños centroamericanos que viajan solos tiene a sus padres o a uno de ellos en Estados Unidos. Entonces, hay una finalidad de reunificación familiar en sus desplazamientos.

Sucede que la última regularización migratoria que hizo Estados Unidos fue en el año 2006. Por ende, aquellos adultos o adultas que llegaron después de esa fecha no han podido formalizar su situación migratoria en el país norteamericano, algo que impide que puedan cubrir las condiciones para que sus hijos realicen un viaje seguro y regular, a propósito de reunificarse como familia. Esto es uno de los tantos casos que explica que la irregularidad de la movilidad humana se ha convertido en un fenómeno estructural como consecuencia de los cambios operados en las políticas migratorias, que es diferente a explicarlo como una mayor tendencia hacia la ilegalidad y clandestinidad de las personas que emigran.

Antes de pasar a desarrollar la segunda crisis y sistematizando la discusión sobre Centroamérica y México, algo que marca su agenda es la privación de libertad de niñas y niños migrantes y solicitantes de asilo: se trata de una respuesta represiva, que sigue entendiendo a la migración como un problema de seguridad nacional, independientemente que se encuentre frente a niñas, niños, adolescentes, adultos o grupos familiares. Una respuesta impermeable a más de 30 años de desarrollo de la Convención de los Derechos del Niño – una tragedia humanitaria cuando se piensa que, solo en 2019, en México, fueron encarcelados en estaciones migratorias alrededor de 60 mil niños, que luego fueron retornados.

Otro fenómeno que le cambia la cara ya más recientemente a la región es, por supuesto, la movilidad de millones de personas venezolanas en tan pocos años. En términos cuantitativos, el único proceso tan masivo de emigración forzada que podemos contar es el que se origina en Colombia – un proceso que numéricamente es mayor y que se da a lo largo de décadas por razones principalmente vinculadas con el conflicto armado, y cuyo movimiento se dirige hacia destinos diversos (Europa, Estados Unidos, además de América Latina). La realidad del desplazamiento venezolano es que se orienta en un 85% hacia países de Latinoamérica y se da en un plazo muy corto de tiempo, en 3, 4 años.

Las estadísticas de este proceso migratorio expresan sobrerrepresentación de niños y niñas². En algunos casos, llega a 25 o 35% de la población total de personas migrantes de origen venezolano (dependiendo de la muestra que se tome), que son números muy altos. Y que es algo que genera muchos cambios en cuanto a la foto que teníamos de países receptores y países expulsores de personas migrantes y refugiadas, en América Latina.

La realidad colombiana, la realidad peruana, por ejemplo, son hoy atravesadas por la recepción de muchas familias, de cientos de miles de niñas y niños venezolanos que se van insertando en el sistema escolar en tan pocos años, a la comunidad, al barrio, configurando un reto notable en estos países y sociedades.

Pero es bueno apuntar que el cambio no solo ocurre en la dimensión demográfica, de convivencia, en espacios barriales, comunitarios, y en el sistema educativo de muchos países latinoamericanos, también estamos presenciando un cambio en la reacción al fenómeno migratorio que tiene que ver con un cambio político en la región.

Hoy, surgen iniciativas que intentan ir hacia atrás en cuanto a ciertos principios que caracterizaron a la región sudamericana en el tratamiento de la movilidad humana, que abarcaron la visibilidad de la niñez en el proceso de migración y la creación de mecanismos, herramientas o interpretaciones dirigidas a proteger sus derechos, o iniciativas que, entre sus debilidades, presentan una preocupante ausencia de un enfoque de infancia.

Por ejemplo, en el proyecto de ley migratoria que se debatió en Colombia el 20 de agosto de 2020, y el proyecto que se debatió en el senado chileno el 17 de agosto de este mismo año, se ve muy poco o nada de desarrollo en torno a los derechos de la niñez, sin perjuicio de incluir en forma genérica principios como el interés superior del niño.

En ese sentido, son cambios que caen en un doble déficit, que es, la invisibilidad de la infancia en la política migratoria, y cómo ello afecta derechos de niños, niñas y adolescentes, y en las políticas de niñez la ausencia del abordaje del fenómeno migratorio y su impacto en los niños y niñas en contexto de movilidad humana.

Pablo Ceriani Cernadas – Me gustó esa idea del niño como migrante en sí, está buena e invita a profundizar la reflexión.

Hay mucho trabajo que se centra en lo subjetivo desde diferentes disciplinas, en el ámbito de la sociología, la psicología y de la educación – siendo este último uno de los que asume enfoques de investigación más participativos.

Y esto de lo participativo recoge una demanda que viene de la línea de los derechos del niño, en cuanto al derecho a la participación, a ser reconocido como sujeto activo, sujeto con su propia voz, que implica que alguien que va a hablar como investigador en el campo de la infancia tiene que garantizar esos derechos en el proceso de investigación.

Para quienes actuamos desde las organizaciones sociales o la academia en el propio campo migratorio, como defensores o investigadores, cada vez más fuimos aprendiendo esto a partir de los errores, siendo llamados a reflexionar sobre nuestras acciones, especialmente con el fin de reconocer a las personas migrantes y refugiadas como sujetos políticos, sujetos sociales, afirmando su participación activa y efectiva y el lugar central que tienen que tener en cualquier debate, iniciativa o proceso sociopolítico sobre temas de movilidad humana. En el mejor de los sentidos, hemos sido presionados para transformar las formas de intervención y de análisis, en buena hora, la verdad.

Sobre las cuestiones de la subjetividad existen las investigaciones vinculadas al propio desarraigo y lo que supone la vida en otro lugar. Hay abundantes trabajos basados en las contribuciones de Abdelmalek Sayad³, que elabora esta idea de que los inmigrantes son invisibles, que habitan una no pertenencia en dos lugares al mismo tiempo. Incluso, trabajos de Pierre Bourdieu en el ámbito educativo también exponen esto⁴. Hay numerosos trabajos en terreno, ya en los últimos años con esta lógica más participativa, que no estuvo presente en elaboraciones anteriores o más clásicas en el tema.

Otra línea de desarrollo se abre en el campo de lo sociocomunitario, se trata de investigaciones no inscritas de entrada en los estudios migratorios, pero que son trabajos que abordan las interacciones y sociabilidades juveniles en la comunidad, entre migrantes y no migrantes.

También, recientemente se han multiplicado los estudios de la migración venezolana, que incluyen la aproximación y comprensión de los modos de estar en el ámbito educativo y barrial, en Perú, en Colombia y en Chile. De más larga data, hay un amplio catálogo de trabajo realizado desde diversas ciencias sociales en temas como la integración educativa de niños y niñas migrantes, e hijos e hijas de migrantes, en Argentina y otros países de la región con larga trayectoria como receptores de población migrante.

En España, existe un repertorio abundante de investigaciones de la vida de los niños en los sistemas de protección de infancia, que abordan experiencias de niñas y niños migrantes, refugiados o solicitantes de asilo que conviven con otros nacionales que se encuentran tutelados por el sistema público, que dan cuenta de la subjetividad y del impacto subjetivo en esos espacios tan específicos⁵.