Las Juntas de Buen Gobierno y la autonomía aplicada
Las Juntas de Buen Gobierno (JBG) se formaron con representantes de los concejos de los Municipios Autónomos Zapatistas y aún son vigiladas y supervisadas por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena – Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN, pero no están subordinadas al mando castrense. Las JBG se consideraron la materialización del proyecto democratizador, tal como lo precisa la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, “…o sea, arriba lo político democrático mandando y abajo lo militar obedeciendo” (EZLN, 2005, p.3). Los concejos locales de los MAREZ se encargaron de los asuntos domésticos, los propios de todo gobierno meramente local, esto es, atendieron controversias, solucionaron disputas, propiciaron arreglos, aterrizaron proyectos.
El caso de las JBG es diferente, pues el ámbito de su competencia se eleva a nivel estatutario, es decir, atienden centralmente el cumplimiento de los principios del movimiento. Por otro lado, las JBG tienen a cargo las relaciones con la sociedad civil, nacional y extranjera, a modo de intermediación para el caso de realización de proyectos productivos, donaciones, proyectos culturales, como el caso de las escuelas rebeldes zapatistas.
Las JBG se encargan de observar y vigilar el cumplimiento de los principios de la comunidad zapatista, se remiten a los principios declarados desde el surgimiento del movimiento y no únicamente a partir de su aparición en el escenario público internacional. Sustentan su labor en los principios implícitos en la (Primera) Declaración de la Selva Lacandona (1° de enero de 1994) como: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Principios que aparecen sintetizados a partir de la Tercera Declaración, como democracia, libertad, justicia, y que fueron ampliados en documentos declarativos posteriores.
Se hizo referencia, entonces, a la democracia, la libertad, la justicia, en primer término, y seguidamente a la dignidad, la resistencia, la autonomía. Por tanto, fue de mayor importancia el documento “Síntesis del Proyecto de acuerdo en materia de derechos y cultura indígena”, para la identificación de los principios implícitos en la perspectiva neo zapatista, por el reconocimiento hecho por la COCOPA en su momento. El documento partió del reconocimiento de la pluriculturalidad (sic) de la nación, y señaló que “la conciencia de la identidad indígena deberá considerarse un criterio fundamental para su reconocimiento” (COCOPA, 1996).
Se fundamentó en la libre determinación y se entendió como
La facultad de estos pueblos (indígenas) para decidir la forma de gobierno interna y de organización política, social, económica y cultural que mejor les convenga y realizar, en un contexto de respeto a su identidad, el conjunto de derechos políticos, sociales, económicos y culturales, además de las garantías de justicia que les corresponden (COCOPA, 1996).
El documento agrega que “es mediante la autonomía que los pueblos indígenas ejercen este atributo fundamental, en el marco de las instituciones jurídicas y políticas de la nación”. En seguida el texto señala que las comunidades indígenas, han de ser reconocidas como “entidades de derecho público con las facultades y funciones específicas que determinen las legislaturas de cada entidad en el marco constitucional que defina el Congreso de la Unión” (COCOPA, 1996).
Esto aparece tal cual en el “Proyecto de acuerdo en materia de derechos y cultura indígena”, firmado por la COCOPA y el EZLN en febrero de 1996, mismo que no fue elevado a rango constitucional por la decisión unilateral del gobierno federal que encabezó Ernesto Zedillo Ponce de León. Con tal decisión este traicionó tanto a su interlocutor, léase EZLN, como al pueblo mexicano y argumentó trabajar por la pacificación mientras llevó a cabo múltiples acciones bélicas. Con este antecedente, las JBG aparecieron como respuesta a las demandas de democratización y autonomía, puesto que son la mejor expresión de la libre autodeterminación de los pueblos originarios.
Autonomía zapatista
En los 20 años de su historia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional actuó de forma militar sólo en una ocasión y replanteó su voluntad de ser parte de la nación, en nuevas condiciones democráticas e igualitarias. Sus miembros consideraban la autonomía como un proceso que “permite al pueblo decidir cómo quiere vivir y cómo quiere organizarse a nivel político y económico”. “La autonomía, es que gobernemos como pueblo indígena, que decidamos cómo queremos que trabajen nuestras autoridades sin depender de las políticas que vienen de arriba” (Ornelas, 2004, s/p).
La autonomía zapatista se construye paulatinamente en la experiencia colectiva de resistencia y de construcción de alternativas y no se basa en un razonamiento teórico o únicamente en un balance de las experiencias históricas. Como se afirma en el libro Democracia, Nación y autonomía étnica
La autonomía colectiva no es una obligación impuesta a quienes no la deseen; es una reivindicación para quienes pretenden desarrollar una capacidad de autoorganización que, bajo la tutela de una entidad hegemónica, no pueden desarrollar (Hernández, 2009, p.189).
La reflexión sobre la autonomía llevó a los zapatistas a reconsiderar el hecho de centrar su lucha en busca de la autonomía, se pensó que ésta podría ser la punta de lanza para conseguir el resto de las demandas, cambiaron su estrategia de búsqueda, comprendieron que al impulsar la autonomía de los pueblos encontrarían el camino para cumplir con el resto de los puntos plasmados en la Primera Declaración de la Selva Lacandona. El movimiento rebelde zapatista definió
Un camino de transformación al margen de las instituciones estatales y del sistema partidista para designar libremente a sus representantes en la comunidad, así como a los funcionarios del gobierno municipal y a los líderes de los pueblos indígenas, de acuerdo con las instituciones y tradiciones de su pueblo, y para promover y desarrollar sus lenguas, culturas, así como sus costumbres y tradiciones políticas, sociales, económicas, religiosas y culturales (Baronnet, 2011, p. 21).
En el ámbito educativo regional, a partir de 1994, surgen nuevos actores sociales. Aparecen primero las autoridades indígenas del EZLN y sus municipios rebeldes, donde acuden luego activistas de redes de solidaridad nacional e internacional. Pero los agentes claves que operan a nivel local, coordinados a nivel municipal son los promotores, a través de los comités, particularmente el de Educación Autónoma, bajo el control de un número creciente de comunidades bases de apoyo que colaboran en proyectos municipales de escuelas rebeldes, gracias a sus representantes que participaron en asambleas regionales y en cargos de autoridad civil.
La demanda de autonomía educativa se construye en total oposición social, cultural y política a la gestión de las escuelas públicas (dependientes de los gobiernos provincial y federal).
La escuela oficial trata de construir una conciencia, pues… individual. Trata de que orienten los maestros para que los niños sean individuales. Y también utilizan una metodología individual y muy privada. Porque todo lo que se hace siempre son instrucciones. Porque en las escuelas oficiales te dicen que tienes que hacer así, tienes que contestar tal como es la respuesta, y así debe ser y que nadie lo cambie. Lo que estamos viendo es que es una metodología que hace que nos cerremos, que no haya una libertad de abrirnos para poder pensar. Ese es el principal punto que nosotros tratamos de cambiar (Alejandro, 2008, s/p).
Estas y otras definiciones compartió Alejandro, promotor de educación, en una conversación en la Escuela Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista «1º de enero», en El Caracol de Oventik (Boletín especial del EZLN publicado en Prensa de frente en Chiapas, en junio de 2008 s/p.).
Es así como el movimiento zapatista propone otra forma de enseñanza, rompiendo con los paradigmas de enseñanza-aprendizaje tradicional y el yugo controlador y opresor de la Secretaría de Educación Pública del Estado/poder.
