¿Una cuestión de protección o de precaución?
Sabemos que el tema de la infancia y adolescencia de las clases desfavorecidas, que transitan en diversos aparatos del Estado, ha sido bastante discutido en las últimas décadas. En Brasil, la literatura sobre políticas públicas vinculadas a la infancia, acogida, cambios legales, adolescentes en conflicto con la ley, familias substitutas, etc., ha crecido y ganado espacio en el medio académico (Arantes, 1995; Rizzini; Rizzini, 2004; Vianna, 2002). Después del Estatuto del Niño y el Adolescente (ECA), y en especial en los últimos anos, crece el campo de discusión sobre lo que aparece como contradicción entre lo que dice la letra de la ley y lo que el ejecutivo logra implementar.
Así, en muchos estados de Brasil, conviven centros de acogida de gran porte – cada vez más escasos -, de pequeño porte, algunos con la presencia de madres sociales, y el Programa Familia Acogedora, iniciativas que buscan proteger al niño o niña que debe ser alejado de la familia temporalmente.
Conforme ya fue citado, en Río de Janeiro la institución más conocida por trabajar con madres sociales era las Aldeas SOS, que son ONG’s Internacionales que acogen niñas, niños y adolescentes entre 0 y 18 años. Su trabajo es realizado de lunes a lunes, con seis días libres al mes, debiendo dedicarse exclusivamente durante la semana entera a los cuidados de los jóvenes, sin poder ausentarse de la casa sin la debida autorización de sus superiores.
Otro programa que también contrataba madres sociales era el Proyecto Alumno Residente (PAR), desarrollado por la Secretaría Municipal de Educación de Rio de Janeiro, y buscaba mantener 12 jóvenes de 6 a 14 años, en situación de vulnerabilidad social, en residencias localizadas en el interior de CIEPs, bajo la custodia de padres sociales o de las también llamadas parejas residentes, durante un año.
En ese contexto, la madre social necesitaba tener, en el momento de la contratación, entre 218 y 50 años, ser funcionaria del municipio, tener escolaridad fundamental completada, ser casada y/o tener hijos dependientes. En dicho proyecto, a diferencia de las Aldeas SOS, era fundamental que la mujer poseyera marido y/o hijos y que todos residieran con ella también en esos centros de acogida. Cuando la madre social era casada, el marido se volvía padre social, apoyando el trabajo en esas residencias.
Los jóvenes acogidos, llamados alumnos residentes, iniciaban sus estudios a las 8 am, y al final del día eran mandados a la pareja social, responsable por su cuidado por el resto del día y durante la noche. Los fines de semana, feriados y en las vacaciones escolares, algunos de esos jóvenes regresaban al convivio de sus familias.
Los padres sociales, inicialmente, eran soldados de la policía militar y del cuerpo de bomberos. Desde el 2000, el convenio empezó a ser establecido con la guardia municipal bajo los mismos moldes. Hoy, no obstante, el proyecto se encuentra en reformulación, y mientras tanto tal convenio fue cancelado.
Entre bomberos y guardias municipales, percibimos la repetición de órganos relacionados al control y protección de la sociedad siendo contratados para ejercer el papel de padres sociales. Tal hecho nos causa una extrañeza y nos hace pensar cuánto parece ser necesario mantener debidamente controlada a la juventud en riesgo social y/o supuestamente peligrosa.
De esa forma, la cuestión que nos mueve dentro de esa discusión es entender de qué forma ese intento de contratar profesionales vinculados a la protección de la sociedad, tales como policías y bomberos militares y guardias municipales, además de hacer las instituciones de acogida más próximas a una familia, a partir de una maternidad temporal, en principio arbitraria, remunerada y controlada por instancias externas, como la dirección del estabelecimiento y el Estado, a través del juzgado de la infancia, contribuye con la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, específicamente en relación al derecho a la convivencia familiar. El Estado pregona que la familia es el mejor espacio de convivencia y educación para niñas, niños y adolescentes, sin embargo, solamente cuando ésta posee determinadas características que éste considera adecuadas.
De esa forma, la madre social, a servicio de ese Estado, parece tener como objetivo promover un ambiente familiar dentro de ese patrón esperado, con la función de controlar y disciplinar cualquier comportamiento inadecuado traído de sus familias, evitándose así la formación de “malos elementos” en el futuro; lo que parece quedar todavía más evidente en el extinto Proyecto Alumno Residente, por el apoyo que esa “madre” podría recibir de profesionales da seguridad pública en su residencia. ¿Será, entonces, el poner a una madre en centros de acogida una forma de protección, o un dispositivo más sofisticado de control de jóvenes que todavía cargan consigo el estigma de la predisposición a la criminalidad?
Al hablar del control, Foucault (1987) afirma que entre los siglos XVIII y XX se desarrolló una tecnología de poder que buscaba dominar y disciplinar el comportamiento de los hombres. Tal perspectiva se mantiene presente y se actualiza en las políticas de asistencia a la infancia y la adolescencia en Brasil. Ese control estaba pautado en la implementación de normas que contribuyen con la normalización del comportamiento, volviéndolo previsible y facilitando su manejo. A partir de ahí, se crean cuerpos dóciles, individuos obedientes, debidamente entrenados a través de la disciplina y de normas preestablecidas, en un determinado espacio cerrado.
El cuerpo pasó a ser visto como objeto de poder, siendo sometido por procesos donde podía ser manipulado y entrenado, con el objetivo de volverse debidamente obediente y útil. “Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado” (Foucault, 1987, p. 118, traducción libre).
Ese modo de ser estándar, instituido en las formas en que los sujetos están en el mundo, al establecer tecnologías que regulan sus cuerpos, acaba individualizándolos. En el ámbito de las madres sociales, se cree que ocurre lo mismo, y es sobre lo que creemos que es importante reflexionar: de qué forma el lugar construido por y para las madres sociales puede reforzar tales tecnologías.
Mancebo (2004) discute sobre el concepto de individuo como una categoría que ha sido naturalizada a lo largo de los años, en diversos contextos, inclusive en la psicología. Así, ella plantea que el individuo es apenas una forma hegemónica de la subjetividad al organizarse en la modernidad, es decir, el individuo “es apenas uno de los modos de subjetividad posibles” (p. 38, traducción libre).
Benevides y Josephson (2014) afirman que el individuo es el producto y al mismo tiempo el objeto a ser nominado dentro del contexto burgués. La experiencia subjetiva en la edad moderna acaba por instaurar ese modo de ser individuo, donde se comienza a preocupar por su cuerpo, de modo que le retira “el conocimiento necesario para asegurar mejor su funcionamiento” (p. 441). Ese proceso sería “la construcción de subjetividades disciplinadas, “útiles”, cada vez más entrenadas para el desempeño de papeles que les son delegados” (Mancebo, 2004, p. 41, traducción libre).
A partir de la construcción de esas subjetividades disciplinadas, las preocupaciones en relación a los acogidos pasan a estar relacionadas con los posibles delitos que estos podrían cometer. Era necesario combatir y controlar la naturaleza “mala” de los individuos, principalmente los “’bandidos de nacimiento’, los que ya nacieron para el crimen y que lo van a practicar de cualquier manera” (Coimbra, 2001, p. 85, traducción libre).
