Desafíos para la acogida institucional de madres y bebés
De modo general, los estudios aquí analizados cuestionan la escasez de políticas específicas dirigidas a la atención de adolescentes embarazadas y/o madres en situación de calle. La construcción de albergues especializados dirigidos a este grupo se considera indispensable para poder promover la interacción y estimular el vínculo afectivo entre las jóvenes madres y sus hijos. Parte significativa de estos estudios se realizó en instituciones de acogida, consideradas espacios de cuidado fundamentales con potencial de reinserción social y de consolidación de una red de apoyo social y afectivo indispensables para las madres adolescentes, aunque cuenten con reglas muchas veces difíciles de seguir por parte de las jóvenes acostumbradas a la «libertad» de las calles (Gontijo; Medeiros, 2008; Fernandes, 2012; Penna et al., 2012a e 2012b; Santos; Mota, 2014).
En la investigación realizada por Fernandes (2012) en una institución de referencia para jóvenes que se encontraran en situación de riesgo o en las calles, las jóvenes entrevistadas destacaron como aspectos negativos de la maternidad en el albergue la falta de autonomía frente a las constantes interferencias de los profesionales que orientan y dictan reglas «excesivas». Otro aspecto negativo mencionado se refiere al hecho de que estas jóvenes consideran difícil criar a sus hijos en el ambiente del albergue debido a los conflictos que se viven diariamente, ya sea por la interferencia que sufren de los profesionales, ya sea por la no siempre amistosa convivencia con las demás residentes. Por otro lado, parte de las jóvenes relató tener excelente relación con los empleados del albergue y les atribuyeron un papel importante en sus vidas, sobre todo en relación con la reinserción social.
En Penna et al. (2012a), también se valora el apoyo ofrecido por los empleados del albergue. Las entrevistadas revelaron que, en la maternidad en el espacio de acogida, la relación que desarrollan con sus hijos es positiva, al igual que el apoyo que reciben de los profesionales y las reglas que establecen que está prohibido golpear o gritarles a los hijos. Por otro lado, una vez más se apunta a las normas institucionales como aspectos desfavorables, pues las adolescentes se sienten amenazadas por la pérdida de la guarda de los hijos si dejan de cumplir las reglas establecidas y eso amenaza la construcción de los vínculos entre madres e hijos. También se señalan preocupaciones relativas a la falta de estructura de los albergues y a la precariedad de los servicios ofrecidos.
Costa et al. (2015), en su artículo, no se restringe a los niños y adolescentes al analizar el día a día de gestantes en situación de calle y su relación con las políticas públicas. Cabe destacar, sin embargo, que, así como en los demás estudios analizados, en este caso se constató que las mujeres empezaron a desear un futuro mejor a partir de la posibilidad de tener un hijo, aunque sus condiciones sociales precarias y, en algunos casos, la dependencia química dificulten la planificación y la realización de estrategias capaces de alterar sus cursos y proyectos de vida. Los autores relatan que la mayoría de las veces esas mujeres terminan por perder a sus hijos, lo que materializa los miedos de las jóvenes madres relatados en estudios como el de Fernandes (2012) y el de Penna (2012a), y reafirma la importancia de ofrecer el soporte necesario para que tengan condiciones de ejercer la maternidad de manera adecuada.
De este modo, aunque consideremos importante desmitificar la cuestión del embarazo en la adolescencia como apenas un problema, es importante no subestimar los contextos socioeconómicos precarios, la ausencia de oportunidades y las experiencias dolorosas por las que pasan las adolescentes en situación de calle. Experiencias estas que, como ellas mismas resaltan en sus declaraciones, se intensifican mucho con la llegada de un hijo. Además del sufrimiento resultante de trayectorias de vida marcadas por experiencias traumáticas que, con frecuencia, vienen desde la primera infancia, estas jóvenes sufren constante discriminación y toda suerte de violaciones de derechos. Son, frecuentemente, blanco de varias formas de violencia, criminalización y prácticas higienistas, como las de retiro compulsivo de las calles e institucionalización en establecimientos que no las protegen de hecho (Coimbra, 2001; Coimbra; Nascimento, 2008).
Prácticas y desafíos de la atención a madres adolescentes en situación de calle
Una de las cuestiones relacionadas a la experiencia de la vida en las calles que viene presentándose como un inmenso desafío en el campo de la salud pública es el uso abusivo de drogas. Aún poco entendido, este fenómeno termina siendo usado como justificación para la realización de acciones de limpieza social con prácticas inhumanas, arbitrarias y violentas, sin que se presenten alternativas efectivas de prevención, cuidado y promoción de derechos para los sujetos comprometidos con esa realidad social (Lima; Tavares, 2013; Rodrigues, 2013).
En relación con ese fenómeno, en los últimos años despuntaron, en varias partes del país, denuncias sobre prácticas violadoras de derechos con relación a la población de calle, como la institucionalización de bebés inmediatamente después del parto, sin el consentimiento de los padres. El asunto provocó indignación y discusiones en diferentes espacios, sobre todo a partir de las polémicas recomendaciones del Ministerio Público de Espírito Santo, publicadas en 2012, y de Minas Gerais, publicadas en 2014, sobre el flujo de atención y los procedimientos adoptados para garantizar los derechos de los niños por nacer y recién nacidos, especialmente en los casos en los que hay madres usuarias de drogas involucradas y en los casos de abandono. Esas recomendaciones informan que los profesionales participantes deberían comunicar inmediatamente al Poder Judicial el nacimiento de niños de mujeres en situación de calle y/o usuarias de crack/otras drogas o que se negaran a realizar el control de embarazo ocasionando a veces decisiones para la separación de niños recién nacidos de sus madres inmediatamente después del nacimiento. Tales recomendaciones sufrieron duras críticas de los profesionales de la salud y de los defensores de los derechos del niño de modo general por ser consideradas estrategias que se oponían a los derechos de madres e hijos, provocando la penalización de las madres, la separación forzada de sus hijos y la institucionalización precoz de bebés. Estas prácticas fueron consideradas reflejos de una violencia sistémica contra aquellas mujeres que ejercen la maternidad fuera de los modelos sociales preestablecidos (CRP/MG, 2015).
Estas recomendaciones vienen impactando profundamente a adolescentes embarazadas y/o madres en situación de calle, puesto que sus derechos de elección y de convivencia empezaron a verse amenazados. Cuando se implementan prácticas como las descritas arriba, de forma arbitraria y homogénea, se renuncia a los principios de construcción de propuestas individuales de atención, según orientación explícita de las políticas públicas nacionales. Prácticas efectivas de cuidado a las madres y sus hijos son derechos, que deben ser reafirmados, al tiempo que debe ofrecerse apoyo estatal para su ejercicio. Incluso encontrándose prevista en una serie de planes gubernamentales, entre los cuales podemos citar el Plan Plurianual 2016-2019, el Plan Decenal de los Derechos Humanos de Niños y Adolescentes y el Plan Nacional de Promoción, Protección y Defensa del Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria, la atención especial a los grupos que viven en contextos de vulnerabilidad extrema aún enfrenta desafíos relacionados, por ejemplo, a la falta de documentación necesaria para acceder a los servicios y programas sociales. El desconocimiento de dicha población, desde su ubicación hasta aspectos singulares de su vivir y el reconocimiento de sus necesidades, acaba limitando las posibilidades del quehacer estatal.
Las unidades de acogida institucional, que podrían convertirse en espacio prioritario de protección y reinserción social y comunitaria para las adolescentes embarazadas y/o madres en situación de calle, encuentran desafíos para alinearse con las prerrogativas del Estatuto del Niño y el Adolescente y de las directrices, normativas y orientaciones técnicas que entraron en vigor en la última década, como el Plan Nacional de Promoción, Protección y Defensa del Derecho de Niños y Adolescentes a la Convivencia Familiar y Comunitaria (CONANDA e CNAS, 2006); las Orientaciones Técnicas para Servicios de Acogida para Niños y Adolescentes (CONANDA e CNAS, 2009) y la Ley Nº 12010/2009. Es posible identificar una serie de problemas relacionados con estos espacios, entre ellos: las dificultades de integración con la red de atención; los constantes cambios en las propuestas de trabajo y la intensa rotatividad de educadores sociales; las reglas que parecen arbitrarias e inadecuadas para parte de los adolescentes; el distanciamiento de los amigos y de la familia; la ociosidad que incumple el requisito básico de los niños en edad escolar; y la ausencia de una atención personalizada y afectuosa (Ribeiro; Ciampone, 2002; Moura; Silva; Noto, 2009).
Las plazas en instalaciones especializadas que acogen a mujeres y adolescentes con sus hijos recién nacidos son escasas y los flujos de atención a dicha población carecen de orientación humanizada. Son comunes las declaraciones de estas madres refiriéndose a abusos y formas irrespetuosas de atención en instalaciones de asistencia a la salud (Passos, 2016). En cuanto a las demás iniciativas de la gestión pública destinadas a las personas en situación de calle, tales como los Centros de Referencia Especializados de Asistencia Social (CREAS), Centros Especializados de Atención a la Población en Situación de Calle (CentroPop), los Consultorios en la Calle y los Centros de Atención Sicosocial, estas son muy limitadas, sobre todo en lo que se refiere a la especificidad de la atención a las adolescentes y jóvenes embarazadas y/o madres.
