Entrevista de Adriana Molas con Luis Eduardo Morás

Luis Eduardo Morás: En el año 1999 culminé el doctorado en el Instituto Universitario de Pesquisas de Rio de Janeiro (IUPERJ) bajo la estimulante orientación de Luiz Eduardo Soares. Mi área de especialización está vinculada principalmente a los temas de la violencia, los adolescentes en conflicto con la ley y la seguridad ciudadana. Fui asesor del Ministerio del Interior durante el primer gobierno del Frente Amplio, así como de varios organismos internacionales como UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Actualmente soy el director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Uruguay). Durante el año 2014 fui designado para integrar una comisión de la Universidad de la República para promover su pronunciamiento público sobre el plebiscito para reducir la edad de imputabilidad penal adolescente y también en ese año contribuí a la elaboración del Informe Alternativo presentado por el Comité de los Derechos del Niño (Uruguay) ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Luis Eduardo Morás: En lo que respecta a la situación de la infancia y adolescencia, nuestro país tiene un serio problema como lo es la histórica deuda social que mantiene con este sector de la sociedad. A pesar del favorable ciclo de crecimiento económico que se mantiene desde hace una década, los niños, adolescentes y jóvenes son los que presentan mayores niveles de desigualdad en la sociedad. Si bien en términos globales la pobreza e indigencia se han reducido notoriamente, en términos comparativos sigue existiendo una relación de entre siete y ocho veces más niños pobres en respecto a adultos; el nivel de desempleo para los menores de 24 años triplica el volumen global existente en nuestra sociedad y la informalidad del empleo, o sea, la ausencia de coberturas sociales, empleos de baja calidad y salarios deprimidos se duplica si comparamos jóvenes respecto a adultos. Sin duda puede decirse que los niños y jóvenes no sólo son los primeros afectados en las épocas de crisis económica, sino que también son los últimos en beneficiarse de los ciclos de auge, ya que no logran ser plenamente alcanzados por el creciente bienestar.
A esta realidad estructural, se suma que la sociedad uruguaya es una sociedad envejecida; los adolescentes y jóvenes tienden a ser percibidos como un problema y se los visualiza como los principales culpables de los malestares sociales existentes. Particularmente, si son pobres y viven en determinadas barrios que los medios de comunicación y la sociedad perciben como zonas peligrosas, se suman a las carencias materiales los estigmas de la constante sospecha de reproducir junto con sus miserias cotidianas los comportamientos desviados y la multiplicación de la delincuencia.
Esta realidad se refleja en el funcionamiento de la justicia penal adolescente: la mayor parte de los casos que llegan son por delitos contra la propiedad, provienen de los sectores sociales más pobres y la medida judicial más aplicada es la privación de libertad, panorama general que no ha variado sustancialmente en las últimas décadas.
Más allá de la aprobación del Código del Niño y Adolescente en el año 2004 que promueve la protección integral como paradigma y recoge los fundamentos de la Convención de los Derechos del Niño, sigue imperando, en la mayoría de los operadores del sistema y en las prácticas cotidianas, la vieja doctrina de la situación irregular. Esto ha llevado a una crisis del sistema de privación de libertad, que reitera el cíclico paisaje de permanente crisis de las instituciones de reforma que no cumplen con su función básica y esencial: devolver a la sociedad un adolescente en mejores condiciones respecto a las que lo llevaron a ingresar a la institución. La violencia estructural imperante y la continua violación de mínimos derechos no parece ser parte de una patología coyuntural sino parte de la propia anatomía de un sistema de privación de libertad, que asiste a un continuo crecimiento que las desborda en sus posibilidades. A esta situación también ha contribuido que durante la actual administración de gobierno se han agravado las penas y tipificado nuevas infracciones para adolescentes, lo cual ha implicado que existan serias carencias básicas, pero, fundamentalmente, la imposibilidad de sostener el crecimiento de la población privada de libertad con una dotación de técnicos y educadores capacitados para la tarea. A su vez, estas modificaciones legales que determinaron una mayor severidad en las normas penales, claramente son contrarias al espíritu de la normativa internacional e incluso el propio Código del Niño y Adolescente que fijaron la privación de libertad como una medida de último recurso.

Luis Eduardo Morás: Un rápido análisis de las estadísticas judiciales disponibles desmiente con sólida evidencia una serie de mitos existentes en la opinión pública. En particular, aquellos que de que los jóvenes son los principales culpables por la situación de inseguridad y que existe un cambio radical en el tipo de violencia desarrollada o en las motivaciones de los adolescentes infractores.
Contrariamente a lo que la población cree, la participación en la comisión de delitos por los jóvenes es baja en comparación con la de los adultos y en los últimos veinte años nunca ha superado 10% del total de delitos denunciados. Tampoco son los principales protagonistas de los delitos contra la persona que más impacto tienen, como el homicidio y la violación; la abrumadora mayoría de los casos que llegan a la justicia juvenil son por delitos contra la propiedad (hurtos y robos).
Otro mito que los medios reproducen y la sociedad asume acríticamente tiene que ver con el perfil de los adolescentes privados de libertad y su relación con el consumo de drogas y el mundo del trabajo. De acuerdo a un diagnóstico reciente realizado en la Facultad de Derecho, basado en un censo del total de adolescentes privados de libertad en el año 2013, eran una minoría los que presentaban un consumo problemático de drogas. A su vez, la mayor parte de ellos tenían antecedentes laborales, por supuesto que en trabajos precarios sin coberturas formales. De allí, que pueda discutirse con la evidencia que aportan los datos, las habituales ideas hegemónicas de un firme rechazo hacia el mundo del estudio o trabajo por parte de estos jóvenes, así como la existencia de subculturas delictivas consolidadas, que promueven una inevitable escala de valores diferenciada del resto de la sociedad, haciendo prácticamente inevitable asumir otra vida que no sea la delictiva. El diagnóstico sobre la infracción adolescente que realizamos nos acercó más a los intentos de explicación que colocan el énfasis en la falta de oportunidades educativas o laborales, en una línea cercana a lo que David Matza llamó “deriva” y que para el caso argentino desarrolla Gabriel Kessler en sus trabajos y aborda como pasajes intermitentes entre el mundo de lo laboral precario y las ocasionales actividades delictivas.