2. Los contenidos del imaginario de muerte, de los cuerpos de seguridad del Estado y los Escuadrones de Limpieza Social.
No hay violencias por el hecho de que existan las maras y las pandillas,
sino en todo caso, hay pandillas y configuraciones de maras,
precisamente porque han emergido distintos rostros de las violencias sociales
(Carlos Monsiváis, 2013, p. XX)
¿Bajo qué lógicas, narrativas y discursos se lleva a cabo el aniquilamiento identitario infanto-juvenil contra las y los integrantes de la MS-13 y de la pandilla del B-18, por su condición de pertenecer a tales agrupamientos, e incluso, desde su lugar como migrantes trasnacionales y supuestos enemigos del nuevo orden mundial?
Desde un lugar pragmático diría que una de las lógicas estriba en que para las autoridades – funcionarios – una parte de los militares – en su gran mayoría – ciertos empresarios, gente de negocios y dueños de las rutas de autobuses o de taxis, incluso hasta determinados miembros de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, como de ciertos sectores del barrio y de la comunidad, estos los hacen fracasar en sus lógicas de desarrollo, de productividad, de progreso – los valores de la modernidad – por lo que en cierto sentido, no producen en beneficio del capital – ese capitalismo depredador, sin ética, de “cuates” y de economías criminales – además, por su apariencia y estéticas corporales, afean el paisaje neoliberal, por lo tanto, los consideran “parias sociales”, “residuos”, “escoria de la sociedad”, factibles a ser fácilmente eliminados-asesinados sin el menor pudor (Martín-Barbero, 1998; Monsiváis, 2013), contratando por lo común, a ciertos Escuadrones de Limpieza Social, es decir, se arrogan el derecho al ejercicio y a la administración de la violencia de muerte con una abierta impunidad, cinismo y contubernio de las autoridades gubernamentales, lo que conlleva una relación asimétrica de poder.
Al respecto, veamos tan sólo un encabezado de nota periodística:
Un grupo de exterminio perpetra una nueva matanza de pandilleros en El Salvador
Derechos Humanos denuncia la aparición de escuadrones de la muerte y sus vínculos con la policía. (García, Jacobo. México, 3 de junio 2016 – 19:48 CEST)
Lo significativo es que en los imaginarios colectivos operan los mecanismos de la cognición social – puntos de vista, creencias, juicios, opiniones, actitudes – a doble vía, aunque con sentidos diferentes, porque para los integrantes de la MS-13 y de la pandilla del B-18, es al contrario, es decir, es el Estado, sus gobiernos y las instituciones – la familia, la escuela, el trabajo y la salud principalmente – quiénes han fracasado ante ellos, ya que no les han provisto de los mínimos recursos materiales y simbólicos necesarios para poder construir un presente digno para hacer la vida diaria y cotidiana (Heller, 1987), en el aquí y en el ahora de sus existencias socio-culturales.
Desde otras lógicas, narrativas intelectuales-académicas y geopolíticas, se habla de que es el Estado, sus gobiernos e instituciones, los que deciden – en cierto sentido – quiénes son los que merecen vivir y quiénes los que tendrán que morir – la necropolítica – (Mbembe, 2011), dadas sus condiciones en el entramado cultural como del lugar social en el que se ubiquen; del contexto en el que se sitúen; incluyendo los aspectos de la etnia a la que pertenecen; del género – masculino-femenino; del color de la piel – negro, blanco, amarillo; de la clase social – baja, media o alta; de sus afiliaciones políticas-religiosas; de sus adscripciones identitarias; del habitat en el que transcurran sus vidas diarias; e incluso, de la zona geográfica en la que estén – norte, sur o centro.
Y no solo esto, sino que es más profundo el asunto, en tanto que también esta “necropolítica”, en el caso de la MS-13 y de la pandilla del B-18, va definiendo, diseñando, delineando, de qué manera se vive y de qué forma se va muriendo social y culturalmente hablando, es decir, podríamos plantear que estamos ante la evidencia de una muerte social en vida, silenciosa, paulatina y eficaz, ya que no son agrupamientos identitarios reconocidos en su diferencia cultural, no se les concede ninguna capacidad de interlocución o interpelación, ni tampoco son sujetos políticos con derechos.
