Introducción

La explotación de los niños/as y adolescentes por medio del comercio sexual –ENACS – consiste en una relación mercantil y abusiva del cuerpo de los niños/as y adolescentes, promovida por los explotadores sexuales a través de redes complejas de comercio local y global, para lo cual cuentan con la connivencia de los padres o responsables y/o de los consumidores de sexo pago (Souza Neto & Viana, 2015; Morais et al, 2007; Faleiros, 2000; Leal, 1999;). La Organización Internacional del Trabajo – OIT – se refiere a la ENACS como una de las peores formas de trabajo infantil (Cerqueira-Santos et al, 2008) al violar los derechos de los niños/as y adolescentes. Esa violación de derechos es el resultado de la asimetría de poder en las relaciones, que han sido consolidadas por una cultura centrada en las necesidades de los adultos, causando un enorme impacto en la dignidad y el derecho a la ciudadanía de los niños y niñas. El grado de vulnerabilidad al que se ven expuestos algunos niños/as y adolescentes puede ser aún mayor cuando se identifica la presencia de factores múltiples y complejos como, por ejemplo, el género, la raza y la etnia (Gomes, Farias & Franco, 2017; Cegatti, 2017).

En Brasil, el Estatuto del Niño y del Adolescente – ENA – (1990) garantiza prioritariamente los derechos de esta parcela de la población, y establece legalmente las responsabilidades que corresponden a la familia, al Estado y a la sociedad en general. Pero, a pesar de la existencia de este marco jurídico, es posible advertir que el desarrollo saludable de niños/as y adolescentes de todo el país se encuentra en riesgo, debido a la violencia sexual que se encuentra presente en la sociedad.

La Comisión Mixta de Investigaciones Parlamentarias – CMIP (2004), de la Cámara de Diputados del Gobierno Federal, realizó un estudio sobre el tema en el año 2003. Los resultados mostraron que la ENACS era una práctica recurrente en 937 municipios de los 23 estados brasileños investigados. El 31,80% de los municipios se concentraba en la Región Nordeste; 25,70% en la Región Sudeste; 17,30% en la Región Sul; 13,60% en la Región Centro-oeste y 11,60% en la Región Norte. El estudio mostró también que la práctica de la prostitución, la pornografía y el turismo sexual relacionado a los niños/as y adolescentes se encontraba instalada en todas las regiones, registrandose el mayor número de casos en la Región Nordeste.

El Informe realizado por la ECPAT Internacional (2014), sobre el monitoreo de la ENACS en el país, muestra la estratificación de las denuncias sobre violencia sexual contra niños/as y adolescentes registradas a través del Disque 100. Esas informaciones revelan el predominio de los casos de abuso sexual, seguidos por los de explotación sexual, pornografía y tráfico de personas, con mayor incidencia entre las edades de 7 a 14 años. Y si consideramos solo los años 2012 y 2013, fueron registradas 69.621 denuncias de violencia sexual contra niños/as y adolescentes en Brasil, lo cual arroja un promedio de 2.900 acusaciones por mes. Actualmente, a pesar de los esfuerzos realizados para enfrentar y combatir la ENACS, el país registra diariamente un promedio de 87 denuncias de violencia sexual ejercida contra niños/as y adolescentes

Entre los principales factores que parecen impulsar a los padres o responsables a someter a sus hijos/as a situaciones de explotación sexual es posible destacar la desigualdad social, la vulnerabilidad socioeconómica, las limitaciones en el acceso a los bienes y servicios derivados de diferentes políticas públicas, como, por ejemplo, la salud y la educación, así como también las vicisitudes propias de los contextos atravesados por la violencia (ECPAT, 2014; Libório & Castro, 2010; Viana, 2010). Algunas investigaciones revelan que existen profesionales con mayor probabilidad de incurrir en la ENACS debido a sus actividades laborales, actuando como clientes de un mercado clandestino e ilegal (Davidson & Taylor, 1996; In: Cerqueira-Santos, Rezende & Correa, 2010). Entre ellos se destacan los camioneros, que generalmente atraviesan las rutas sin acompañantes. El hecho de encontrarse solos en dichas circunstancias, parece favorecer su demanda por el comercio de prácticas sexuales, en ocasiones con niñas y adolescentes (Cerqueira-Santos & Souza, 2015; Cerqueira-Santos et al, 2008; Koller, 2004).

Otros datos relevantes, divulgados por la UNICEF (2012), muestran que los niños/as son los principales víctimas del tráfico de seres humanos con la finalidad de ejercer la prostitución. Asimismo, divulgan que con mayor frecuencia la explotación sexual de niños y niñas se registra en las proximidades de las rutas, especialmente en las estaciones de servicio. La circulación de numerosas personas por esos lugares parece favorecer la práctica de la ENACS, y muchas veces se da la participación de diversos actores sociales, como, por ejemplo, los propios camioneros, taxistas, comerciantes, propietarios de locales nocturnos y familiares de niños/as y/o adolescentes.

Entre los años de 2013 y 2014 la Childhood Brasil realizó el VI Mapeamiento de Puntos de Vulnerabilidad en las Rutas Federales Brasileñas, registrando 1.969 puntos de riesgo y vulnerabilidad a lo largo de todo el país. La estratificación de esos resultados recayó, nuevamente, en la Región Nordeste ocupando el segundo lugar en el ranking nacional, con 475 puntos críticos, solo 19 menos que la Región Sudeste. A pesar de todo, si se consideran los niveles de riesgo que son clasificados como “crítico”, “alto” y “medio” la región Nordeste muestra resultados mucho mayores. Las estaciones de servicio han sido destacadas como los principales puntos de mayor vulnerabilidad y riesgo para niños/as y adolescentes en todas las regiones del país.

El estado de Pernambuco se distingue como uno de los estados con índices mas elevados de ocurrencias de ENACS, con la presencia de prácticas de prostitución infanto-juvenil en el 38,05% de sus 184 municipios (Souza Neto, 2009). En la actualidad, la ENACS es una práctica común que se registra igualmente en la capital y las demás regiones, especialmente en el Sertón del estado (Rios et al, 2009; Menezes-Santos & Rios, 2009; Souza Neto & Viana, 2011).

El Sertón del Pajeú pernambucano es una microregión formada por 20 municipios, entre los cuales cobra relieve el de Serra Talhada. Esto se debe a su fuerte economía, siendo responsable por el 31,40% del Producto Bruto Interno -PIB- de la región (Tavares Neto et al, 2008). No existen datos oficiales sobre el fenómeno de la ENACS en dicho municipio ni tampoco en la región. Pero el hecho de registrarse un gran flujo de camiones en las estaciones de servicio, y la circulación constante de niñas y adolescentes en las rutas, especialmente en la Ruta 232, resulta una señal de alerta sobre posibles situaciones de vulnerabilidad y de riesgo (Koller, 2004).

En ese sentido, el presente estudio tiene por objetivo identificar el punto de vista de los camioneros, que transitan, pernoctan o se hospedan en Serra Talhada, sobre el fenómeno de la ENACS. De esta forma, buscaremos identificar la percepción sobre dicho fenómeno de los sujetos investigados, reflexionar sobre sus conocimientos acerca de la infancia y de la adolescencia; además de identificar hasta qué punto ellos se reconocen como participantes activos de violencia sexual contra niño/as y adolescentes. Estamos de acuerdo con Morais et al (2007), al afirmar que existe la necesidad de estudiar el segmento poblacional de los camioneros para poder comprender, con mayor profundidad, el alcance de sus pensamientos sobre la ENACS e identificar los factores o motivos que favorecen su enlace con el referido fenómeno.

Violencia sexual contra niños/as y adolescentes

La violencia contra niños/niñas y adolescentes ocurre cuando los padres, responsables legales, parientes, personas próximas – o no – de la familia, o también en el caso de instituciones, ejercen sobre ellos malos tratos, negligencia u omisión de cuidado, pudiendo causar daños físicos, sexuales, morales y/o psicológicos a las víctimas. Si bien es cierto que este tipo de violencia configura el incumplimiento del deber legal de protección que el adulto y la sociedad debe ejercer, también es cierto que se trata de un proceso de cosificación de la infancia, negando a los niños y adolescentes el derecho de ser concebidos y tratados como sujetos en condiciones especiales de desarrollo (Deslandes, Assis & Santos, 2005).

De acuerdo con Nunes y Sales (2016), la violencia es un fenómeno social y representa un problema de salud pública. Lo es aún más, cuando las víctimas son los niños o adolescentes, ya que provoca un impacto en su proceso de desarrollo y en el modo como se comportarán durante la vida adulta. Si bien es cierto que resulta importante identificar los distintos tipos de violencia que se infringe sobre ellos, también es necesario precisar si se identifican diferencias de género en esos casos, puesto que las intervenciones que resulte necesario realizar deberán adecuarse a dichas particularidades. En ese sentido, al evaluar la prevalencia de género de acuerdo con el tipo de violencia perpetrada, hemos identificado que la violencia sexual tiende a ser dirigida con mayor frecuencia a las niñas, y a los niños la violencia física y la negligencia.  

De acuerdo con la OMS (2002) la violencia sexual se identifica como un acto sexual realizado sin el debido consentimiento o cuando se comercializa y/o mantiene contacto sexual con una persona ejerciendo cualquier tipo de coerción. Este tipo de acciones se observan con mayor prevalencia en el sexo femenino y se trata de una de las manifestaciones de violencia de género más crueles y persistentes. Durante mucho tiempo la violencia sexual contra las mujeres fue una práctica habitual, aceptada y justificada por diferentes tipos de sociedades. Por lo tanto, resulta necesario realizar estudios y ampliar nuestra mirada sobre dicho fenómeno, ya que ha sido perpetuado por las diferencias y/o desequilibrios de poder que se establecen entre los hombres y las mujeres.

De acuerdo con Scott (1988, 1995), si nos proponemos explicar el proceso histórico, político y relacional de dominación masculina sobre lo femenino, por el cual las diferencias entre los géneros han sido transformadas en desigualdades resulta fundamental abordar el concepto de género. Para la referida autora, actualmente se han abandonado las discusiones centradas en la naturaleza y se han instalado reflexiones críticas sobre la política de las relaciones, lo cual permite que se desarrolle un proceso de deconstrucción de los estereotipos y que se originen movimientos de lucha que reivindican la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. De esa forma, cuando analizamos el concepto de género resulta primordial considerar el significado de las relaciones de poder. Para lo cual resulta indispensable redefinirlo y reestructurarlo, articulándolo a un sentido de igualdad política y social que también abarque dimensiones de clase y de raza.

Entre los distintos tipos de violencia, el abuso sexual se revela como una de las formas de mayor crueldad y afecta la dimensión física, moral y la autoestima de las víctimas. El abuso sexual puede ser definido como todo y cualquier acto de seducción o juego sexual practicado entre un adulto y un niño/adolescente, pudiendo haber – o no – contacto físico y uso de la fuerza (Rios et al, 2009; Ungaretti, 2010).  La OMS (1999) evalúa que los malos tratos sexuales son actividades de carácter sexual ejercidas contra niños y/o adolescentes por una persona mayor de edad y que tienen por objetivo la obtención de placer sexual por parte del agresor. Incluye el abuso sensorial que circunscribe la pornografía, el exhibicionismo y el lenguaje sexualizado; los estímulos sexuales entre los que se destacan las caricias y el toque de los genitales, incluyendo la masturbación; y el acto sexual propiamente dicho, caracterizado por la tentativa o realización de la unión carnal (Souza Neto & Viana, 2015).

Ya la explotación sexual, por su naturaleza compleja y multifacética, es configurada como una práctica cruel y criminal, por su capacidad de provocar daños corporales y subjetivos en las victimas. Se trata de un fenómeno mundial que no está asociado con exclusividad a la pobreza y/o a la miseria, pues afecta a todas las clases sociales, pero está ligado directamente con aspectos culturales y con cuestiones de género, edad, raza y condición socioeconómica y cuya práctica, comúnmente, se encuentra aliada a diferentes tipos de redes de explotación (Souza Neto & Viana, 2015; Figueiredo & Bochi, 2010).

Las situaciones de pobreza, al igual que las de violencia intra y extrafamiliar, frecuentemente son señaladas por los investigadores como factores fundamentales asociados al hecho de que millares de niñas y niños estén expuestos a los riesgos de sufrir violencia sexual y otros tipos de violación de derechos (Libório, 2005). Aunque no determinen el ingreso de los niños/as y/o adolescentes a las redes de explotación sexual resulta innegable que dichos motivos representan factores de vulnerabilidad bastante significativos (Figueiredo & Bochi, 2010).