“[…] ante el desastre del país,
el vacío de las autoridades y donde
el crimen organizado se confunde con
los políticos, solo nos queda refundar
el Estado.”

Francisco Toledo (artista plástico mexicano).

Los hechos

Durante la tarde del viernes 26 de septiembre de 2014, un grupo de 46 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, se trasladaba en autobús de esa localidad a la ciudad de Iguala. En su camino a la ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968, cuando el Ejército mexicano acribilló a miles de estudiantes en Tlatelolco por orden del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz (del Partido Revolucionario Institucional, PRI), estos estudiantes (todos varones) pararían en Iguala para “botear” (recabar dinero con botes) y cubrir así sus gastos de viaje. Aprovecharían un mitin-fiesta que se realizaba en la plaza central de Iguala en el que, después de rendir su informe anual la entonces Titular del DIF¹ municipal María de los Ángeles Pineda Villa, se celebraban los avances de esta dependencia y se invitaba a la gente a apoyar la posibilidad de que Ángeles Pineda fuera impulsada como candidata del PRD (Partido de la Revolución Democrática) a la alcaldía de Iguala; cargo que en ese momento ocupaba su esposo José Luis Abarca Velázquez, quien llegara también a ese puesto por el propio PRD. La intención era, además de “botear”, sabotear los festejos oficiales de la pareja en el poder quienes desde el Ayuntamiento habían mantenido una política de recorte presupuestal y de libertades hacia su escuela rural. El arribo de los estudiantes a Iguala llegó a los oídos de Abarca, quien ordenó a Felipe Flores Velázquez, en ese momento jefe de Seguridad Pública de Iguala y hoy prófugo, que interceptara el camión y evitara así la pretendida intromisión de los jóvenes al acto oficial de su esposa.

Sin aún quedar claros los motivos y los detalles, la policía de Iguala instaló un cerco en la carretera a la entrada de la ciudad y sin miramientos, abrió fuego en contra del camión de los estudiantes. Allí cayeron muertos dos de ellos y uno quedó gravemente herido. Además, las balas alcanzaron a otras tres personas (“víctimas colaterales”, le llama el gobierno), privándolas de la vida. Ante estos sucesos, y con la llegada de profesores al lugar para auxiliar a sus alumnos, se solicitó el apoyo del Ejército ubicado en la zona para proteger a los estudiantes y trasladar al herido a un hospital. La respuesta fue ignorarlos y abandonarlos a su suerte (véase La Jornada, 2015a). Los demás estudiantes intentaron huir en el camión. Se dio una persecución y, en otro lugar, se presentó otro tiroteo siendo ya la madrugada del sábado 27 de septiembre. La policía se confundió de autobús y disparó a otro que transportaba al equipo de fútbol de tercera división (semiprofesional) de los Avispones de Chilpancingo (Guerrero), matando a uno de sus integrantes e hiriendo a otros (más “víctimas colaterales”). En total en ambos tiroteos fueron seis muertos (tres de ellos estudiantes de Ayotzinapa) y cinco heridos graves, además de 43 estudiantes desaparecidos. Cuando finalmente los elementos policiacos detuvieron al camión de los estudiantes, entre los que se sumaron policías de Cocula (municipio vecino de Iguala), los 43 jóvenes fueron trasladados y entregados a miembros del Cártel Guerreros Unidos por órdenes de Felipe Flores. Se sabe hoy que los policías de Iguala y Cocula que participaron en esto supusieron que los estudiantes eran miembros del Cártel de Los Rojos, enemigos acérrimos de Guerreros Unidos. Encabezados por El Cepillo (Felipe Rodríguez Salgado), miembros de Guerreros Unidos ejecutaron a los estudiantes y calcinaron sus cuerpos para no dejar pruebas (La Jornada, 2015e). El Cepillo ha confesado que, también creyendo que los estudiantes formaban parte de Los Rojos, los interrogó y se enteró que solo eran alumnos de la Normal Rural; pero que él recibió a la mayoría de los estudiantes ya muertos y que ejecutó a los que quedaban con vida.

El sujeto [“El Cepillo”] detalló que el 26 de septiembre él y otros compinches recibieron la orden de abordar unos vehículos para ayudar a la gente de Gildardo López, alias “El Cabo Gil”, lugarteniente del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias. En el lugar conocido como Loma de Coyotes lo esperaban “El Cabo Gil” y los mandos de las policías municipales de Iguala y Cocula en cinco patrullas y una camioneta blanca de redilas de tres toneladas, donde tenían detenido a un grupo de jóvenes. Según declaraciones, subieron a los estudiantes al vehículo de redilas y los llevaron al basurero de Cocula. Alrededor de 25 ya estaban muertos por asfixia y quedaban unos 15 vivos, a los que acribillaron a tiros y calcinaron para después regresar a Iguala. Los restos calcinados fueron colocados en bolsas negras de plástico que luego lanzaron al río San Juan de Cocula (Sin Embargo, 2015).

La noticia de estos sucesos lamentables pronto cubrió el territorio nacional, para posteriormente circular en medios internacionales. Los padres de los estudiantes desaparecidos se organizaron y, con el apoyo de la sociedad civil, exigieron la entrega de ellos bajo el lema “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!” El gobierno federal, a través de la PGR (Procuraduría General de la República), atrajo el caso tardíamente (casi una semana después de los acontecimientos) y se inició una búsqueda exhaustiva de los estudiantes por la zona. Se detectaron varias fosas clandestinas con cuerpos mutilados y/o calcinados en los alrededores de Iguala, pero sin confirmar que eran de los estudiantes. El gobierno de Enrique Peña Nieto enfatizó que no dejarían de buscarlos hasta encontrar pruebas fehacientes de su paradero, vivos o muertos. Pero no pudo explicar la razón de tantos cuerpos encontrados en fosas clandestinas, dejando ver con ello la terrible situación que se vive en Guerrero por la presencia de cárteles del crimen organizado, asociados estrechamente con las autoridades estatales y municipales.