Las implicaciones profundas

Son variadas y muy complejas las implicaciones de los actos lamentables sucedidos en Iguala en septiembre de 2014. A mi entender tienen que ver con la evidencia de una fuerte crisis de legitimación del Estado mexicano al interior y exterior del país⁹, tanto por la incapacidad y falta de voluntad política del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto para brindar seguridad a los ciudadanos y resolver, de manera transparente y expedita, este tipo de acciones provenientes de quienes dirigen las instituciones públicas en México; como por demostrarnos a los mexicanos y a la comunidad internacional que opera en este país lo que Reguillo (2014) ha nombrado acertadamente como la “narco máquina”, “[…] esa articulación terrible entre los poderes propietarios (políticos, económicos, delincuenciales) […]”. Por un lado, y tratando de “lavarse las manos”, el equipo de Peña Nieto mantuvo una posición inaceptable al abordar en las primeras semanas estos sucesos como responsabilidad única de las autoridades locales¹⁰ Sólo había que capturar y encarcelar a José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda por lo sucedido, que se originaba en sus vínculos con el crimen organizado y la falta de control por parte del PRD de sus militantes y funcionarios en Guerrero. Un caso aislado, de exagerada barbarie sí, pero meramente situado. Nada tan lejos de nuestra realidad.

“[…] tan solo en 2012 habían fallecido 20.658 jóvenes por causas violentas. La muerte por agresión para hombres y mujeres alcanzó en ese año el 44.1%, 16.298 vidas jóvenes cegadas por las violencias directas que azotan este país. Estos datos a los que se sumaban otros, muchos datos terribles que se fueron acumulando desde 2006, deberían haber bastado para declarar un estado de emergencia nacional.  Pero no fue así. En estos días terribles, ha dicho Javier Sicilia, el poeta que dejó de serlo por el dolor que lo atravesó sin aviso, cuando su hijo fue ejecutado, que ‘el PRI creyó que podría administrar el infierno’. Nada más cierto” (Reguillo, 2014).¹¹

La situación de violencia iniciada en 2006 por el entonces presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa (PAN)¹², a partir de la instauración de lo que llamó la Guerra en Contra del Crimen Organizado, ha producido en México hasta 2014 según distintas fuentes, entre 20 mil y 45 mil muertos (víctimas de sicarios, de secuestradores, de asaltantes, de extorsionistas, policías, soldados, delincuentes, funcionarios, eclesiásticos y las llamadas “víctimas colaterales”), entre los cuales la inmensa mayoría son jóvenes varones.

A su vez, al buscar enfrentar el caso desde una supuesta preocupación performativa desde los medios de comunicación por el bienestar de los jóvenes estudiantes y la imperiosa necesidad de encontrarlos vivos (o sus restos) para tranquilidad de sus familias, intentó normalizar (naturalizar) la violencia institucional, paralegal e ilegal que se evidenciaba en la zona con cada fosa clandestina descubierta día a día.

“Hemos llegado a tanto que el Procurador General de la República, el priista Jesús Murillo Karam, salió a decir, casi aliviado, que los 28 cuerpos encontrados en las primeras fosas clandestinas ‘descubiertas’ en Iguala […] no correspondían a los de los normalistas, puf, ¿alivio? Quiénes son entonces esas 28 personas, desde cuándo están ahí, por qué. Las preguntas se atragantan” (Reguillo, 2014).

El funcionar de la llamada “narco máquina” dejó una cruel enseñanza: a pesar de que en el discurso oficial se siga manejando la idea de que el crimen organizado se ha infiltrado entre los funcionarios de diversos niveles del gobierno, que ambos se han coludido; la verdad es que ya no es pertinente distinguir entre ambos. Son uno solo: funcionarios y criminales pertenecen a las mismas familias, conviven en fiestas, desayunan y cenan juntos, se suceden en los puestos de gobierno. El ejemplo está en este propio caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Los padres de María Ángeles Pineda y uno de sus hermanos (Salomón) fueron detenidos en 2009 por narcotráfico. Sus padres están presos, el hermano fue inexplicablemente liberado y se sospecha que tuvo participación en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Otros dos de sus hermanos (Alberto y Mario) fueron asesinados en el mismo año en rencillas entre cárteles de la droga. La “pareja siniestra” de Iguala fueron criminales y funcionarios públicos simultáneamente.

“Tres de los hermanos Pineda Villa – Alberto, Mario y Salomón –, cuñados del [entonces] prófugo exalcalde de Iguala José Luis Abarca, dieron origen al Cártel Guerreros Unidos. La vida de esa familia se inscribe en la historia de la lucha por el control de la Tierra Caliente guerrerense, disputada por las mafias al ser ruta estratégica del narcotráfico. Primero al servicio del Chapo Guzmán y luego a las órdenes de los Beltrán Leyva, Alberto y Mario murieron en 2009. Salomón fue detenido ese mismo año, pero quedó libre por deficiencias en la averiguación previa y hoy está señalado como uno de los autores del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa. Y pese a que las autoridades lo dieron por capturado el jueves 9 [de octubre de 2014], en realidad ahora mismo nadie sabe dónde está. […] Según la causa penal 101/2009, a la que tuvo acceso este semanario, El Salo […] fue detenido en Cuernavaca junto con su padre Salomón Pineda Bermúdez, su madre Leticia Villa Ortuño y nueve personas más el 5 de mayo de 2009, en un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, encabezada por Genaro García Luna. Antecedentes y testimonios ministeriales señalaban al Salo y a sus hermanos como narcotraficantes que operaban en Guerrero y Morelos por lo menos desde 2002, primero en forma independiente, después como jefes operativos del Cártel de Sinaloa y luego de los Beltrán Leyva. […] En 2005, por instrucciones del Cártel de Sinaloa, los hermanos formaron una célula de sicarios llamada Los Pelones, para controlar Guerrero. […] ese grupo fue el antecedente de Guerreros Unidos, el grupo delictivo presuntamente responsable del ataque del 26 de septiembre en Iguala mientras María de los Ángeles Pineda Villa rendía su segundo informe como responsable del DIF municipal.” (Hernández, 2014).

Lo más alarmante de todo esto es que tanto el PRD local (Guerrero) y nacional, así como el gobierno mexicano estaban plenamente enterados de los antecedentes familiares de la “pareja siniestra” y su pertenencia directa al Cártel Guerreros Unidos. Aun así, el PRD pretendía postular como candidata a la Alcaldía de Iguala a María de los Ángeles Pineda para el periodo 2015-2018. ¿Cómo explicar esto coherentemente?

La ineficacia del gobierno mexicano en la resolución de este caso ha sido señalada y cuestionada desde diferentes instancias dentro y fuera de México. No solo los errores técnicos en el levantamiento de pruebas, la negativa de transparentar la información obtenida, el desinterés manifiesto de muchos de sus funcionarios (especialmente el ya “cansado” Murillo Karam) y la instauración de un dialogo conciliatorio que logre revertir la situación de ingobernabilidad en Guerrero. Además, se ha señalado que la PGR simplemente no ha querido abrir y seguir la línea de investigación sobre la muy probable complicidad del Ejército mexicano en los sucesos de Iguala, aun cuando hay claros indicios sobre ello (La Jornada, 2015c). Y lo que intentó el gobierno mexicano desde el inicio de las averiguaciones de solidarizarse con las familias de los desparecidos, al anunciar que la PGR trabajaría “hombro a hombro” con ellos en la búsqueda de los estudiantes, se ha roto; ya que dicha instancia se había comprometido a informar previamente a los padres de familia de cualquier hallazgo o avance en la investigación. La noticia de que la Universidad de Innsbruck había fracasado en el reconocimiento del ADN de los restos humanos que le envió el gobierno mexicano, llegó a Ayotzinapa a través de las noticias nacionales y no con antelación por parte de la PGR. La “cereza en el pastel” fue que, en esta ocasión, Murillo Karam declaró que “para él” no había duda de que todos los estudiantes habían sido asesinados y sus restos calcinados en el basurero de Cocula; sin contar con todas las pruebas fehacientes para llegar a semejante conclusión (La Jornada, 2015d).

Pero también se debe considerar la capacidad del gobierno de Peña Nieto, coludido con Televisa¹³, para “endosar” la responsabilidad de la crisis política que se vive en México a la izquierda mexicana, a través de la imagen del PRD. Las noticias, reportajes, documentales etc., que esta televisora ha emitido sobre el caso de los 43 (ahora 42) estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, han mantenido insistentemente el origen partidario del ex gobernador de Guerrero (Aguirre Rivero), y de la “pareja siniestra” de Iguala (Abarca y Pineda). Ello se ha usado mediáticamente para desprestigiar a dirigentes de ese partido, como Jesús Zambrano, Jesús Ortega y Carlos Navarrete, al mostrar fotografías y videos en los que aparecen con José Luis Abarca apoyando su campaña política como candidato a la Alcaldía de Iguala; así como también a otros personajes de izquierda, como Andrés Manuel López Obrador, hoy dirigente de MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional)¹⁴. Se les ha acusado de conocer los antecedentes de Abarca y su esposa y, aun así apoyar sus candidaturas. Sistemáticamente desde los sucesos de Iguala y, sobre todo, a partir de 2015 (por iniciar precampañas para las elecciones de junio de ese año), Televisa ha difundido en sus noticieros (especialmente el que se transmite de lunes a viernes en horario estelar, 10:30 PM, encabezado por Joaquín López Dóriga) una serie de notas en las que se vinculan a militantes y/o candidatos del PRD con el crimen organizado. Este vínculo se da también con los otros dos partidos “grandes” de México (PRI y PAN) y se dan a conocer¹⁵, pero la insistencia día a día de las notas que involucran a miembros del PRD ha llevado a una fuerte crisis a este partido. Para empeorar las cosas, Jesús Zambrano se quejó a través de su cuenta en ‘Twitter’ de esta “campaña de desprestigio” por parte de Televisa hacia el PRD, y llamó a López Dóriga como “el vocero del apocalipsis”. Como una respuesta inmediata, el locutor de Televisa lo mencionó en su noticiero y acentuó la emisión de notas y reportajes sobre todo caso de corrupción de candidatos y gobiernos perredistas.

Por otra parte, a finales de 2014 Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD, hijo del general Lázaro Cárdenas y pilar y referente obligado de este partido, renunció a él debido a los errores que sus dirigentes cometieron en el caso de la “pareja siniestra”. Tras él se han suscitado varias renuncias de personajes muy reconocidos del partido, como Alejandro Encinas Rodríguez, Eloy Cisneros y Félix Salgado Macedonio. Pero incluso se habla de renuncias en “cascada” y que en los próximos meses seguirán dándose. A ello se suma que a inicios de 2015 el senador por el PRD, Armando Ríos Piter, anunció públicamente su desistimiento por contender como precandidato de este partido a la gubernatura de Guerrero en las próximas elecciones. Su argumento fue que Jesús Ortega le condicionó ser el candidato oficial para ese puesto siempre y cuando “pactara” con Aguirre Rivero y, aseguró, el pacto tendría que ver con no involucrar a futuro al ex gobernador de Guerrero en cualquier investigación referente al caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa (El Universal, 2015). Y la indignación del pueblo guerrerense llegó muy alto al darse a conocer que el propio PRD impulsa como precandidato a la alcaldía de Acapulco a Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex gobernador de Guerrero, Aguirre Rivero, quien fue obligado a renunciar a su cargo tras los sucesos de Ayotzinapa.