Única salida: refundar el Estado
Para cerrar el presente texto me parece pertinente delinear lo que se coloca en la agenda política mexicana como, tal vez, la única salida viable de la crisis de legitimación que se cierne sobre el Estado mexicano desde los sucesos de Ayotzinapa. Crisis aderezada con los escándalos de gastos exorbitantes por parte de Peña Nieto a través del tráfico de influencias de su gobierno, la cerrazón antidemocrática de su postura, los casos de actos ilegales, de corrupción e impunidad de las fuerzas armadas y de los funcionarios públicos, y los actos de represión abierta hacia diferentes colectivos, comunidades y movimientos sociales en resistencia. Esta situación ha llegado a los límites al quedar instaurada la “narco máquina” como sustento del Estado mexicano y llevarnos a la población a una realidad violenta e insegura originada por la llamada Guerra en Contra del Crimen Organizado emprendida en 2006 por Felipe Calderón (PAN). Es necesario iniciar identificando las perversas consecuencias de esta guerra en la que se montó el Estado mexicano en contra de los principales cárteles de la droga en México. Hasta antes de comenzar esta iniciativa, las organizaciones criminales se centraban en el trasiego de sustancias ilícitas a lo largo del territorio nacional en su camino de Sudamérica hacia los Estados Unidos; delimitando las rutas de cada organización y repartiéndose así la moderna “gallina de los huevos de oro”. Calderón, con una política de mano dura que criminalizó un problema de salud pública a encomienda del gobierno de Estados Unidos, no solo no logró controlar esto y encarcelar a los principales capos. Lo que se suscitó fue, por un lado, la “diversificación de actividades redituables” para estos criminales al sumar al tráfico de sustancias ilegales el secuestro, la prostitución y la trata de blancas, las extorsiones, la trata de migrantes centroamericanos en su camino a los Estados Unidos, el robo de combustible, la clonación de tarjetas bancarias, entre otros. Y por el otro lado, el surgimiento de enfrentamientos directos entre los diferentes cárteles ante este “crecimiento empresarial” e, internamente, ante la detención o muerte de algunos de sus mandos operativos. Las organizaciones criminales más “tradicionales” en México, como el Cartel de Sonora, el de los Beltrán Leyva, el Cártel de Juárez, el Cártel del Pacífico tuvieron escisiones de las que surgieron otras organizaciones más violentas como los Zetas, los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, la Familia Michoacana, los Rojos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y algunos otros. Más inteligentes que el Estado mexicano, los criminales se fortalecieron y se volvieron más violentos, además de lograr infiltrarse en los partidos políticos y en los gobiernos locales, provinciales y federal. Empezaron a financiar campañas políticas que después les cobrarían a los funcionarios electos, y lograron imponer a candidatos salidos de sus propias filas para controlar así a las fuerzas del orden en diferentes regiones del país. Se dice que en muchas alcaldías, estos cárteles no solo nombran al jefe de seguridad pública y a los mandos policiacos; sino que más allá, definen y realizan los “operativos policiacos” que supuestamente buscan acabar con sus acciones y convierten a los cuerpos de seguridad especializados (anti secuestros, anti drogas, anti robos, etc.) en las “escuelas” formadoras de los principales delincuentes que encabezan precisamente tales delitos. La situación actual también es una de las consecuencias de no haber enfrentado todo esto desde una visión de prevención, más que de mano dura y militarización.
El próximo 5 de febrero de 2015, a unos escasos días de haber escrito el presente texto, se anunciará en México una iniciativa ciudadana propuesta por activistas reconocidos en el país, llamada Congreso Constituyente16.
“[…] desterrar un gobierno que se convirtió en ‘un verdadero peligro’, acabar pacíficamente con las relaciones de explotación y convocar a un Congreso Constituyente son las ideas en torno a las cuales comenzaron a aglutinarse algunos de los activistas más comprometidos del país […]” (Matías, 2015).
Los políticos profesionales están prohibidos en esta iniciativa ciudadana, cuyos promotores en estos momentos se debaten en torno a dos posturas para las próximas elecciones, a tan solo unos meses de su realización: o bien promover a nivel nacional un boicot abstencionista, o el apoyo masivo a las candidaturas de ciudadanos independientes en detrimento de las que propongan los partidos políticos, cualquiera que sea17. Se plantea iniciar disolviendo al Congreso de la Unión (Cámaras de Senadores y Diputados) para su total renovación con la participación exclusiva de ciudadanos reconocidos por su compromiso, honestidad y trabajo. Se critican, al concebirse como insuficientes, las medidas que hasta ahora ha tomado el equipo de Peña Nieto con la formación del Bando Único y la Gendarmería (fuerzas policiacas coordinadas desde la Federación) y la desintegración de las policías locales (alcaldías); así como la iniciativa de ley para supervisar que ningún candidato a puesto de elección popular tenga antecedentes y/o nexos personales o familiares con el crimen organizado, y un comité “anti corrupción” que fiscalice puntualmente el accionar de los funcionarios públicos. Ante esto la gente se pregunta, ¿por qué no se les había ocurrido antes algo tan elemental? ¿Y quién nos asegura que no se corrompan los anti corrupción?, como suele suceder cotidianamente en este país. ¿Solo esto basta para “limpiar” a nuestra clase política? Las respuestas son más que obvias.
Con los trabajos del Congreso Constituyente y las vicisitudes de las próximas elecciones de junio de 201518, los próximos meses serán decisivos en la historia política contemporánea de México. El hartazgo ciudadano deberá saber ser encauzado para cambiar las cosas de fondo. La lamentable pérdida de los estudiantes de Ayotzinapa, y de las decenas de miles de muertes y desapariciones de connacionales durante los últimos 10 años, nos enseñaron que esto no puede seguir así. Como se corea en marchas y mítines de protesta y resistencia: “¡ya basta!”, “¡ni un muerto más!”, “¡fue el Estado!”, “¡ni PRI, ni PAN, ni PRD!”. Tal parece que la población mexicana ha logrado madurar, ojalá pronto veamos las consecuencias de ello. Esta es la esperanza que surge después de la tragedia. Somos muchos los que deseamos que efectivamente así suceda.
16 – Entre sus promotores están los obispos Raúl Vera y Magdiel Sánchez, el poeta Javier Sicilia, el sacerdote Alejandro Solalinde, Marcos Tello y el pintor Francisco Toledo.
Entre sus promotores están los obispos Raúl Vera y Magdiel Sánchez, el poeta Javier Sicilia, el sacerdote Alejandro Solalinde, Marcos Tello y el pintor Francisco Toledo.
17 – Como parte de la más reciente Reforma Política, por primera vez en México se abre la puerta a las candidaturas ciudadanas, las que estaban prohibidas mientras los candidatos no pertenecieran a uno de los partidos políticos con registro al momento del proceso electoral.
18 – No incluyen la Presidencia de la República.
Referencias Bibliográficas
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Resumen
El artículo comparte una lectura sobre los sucesos que desembocaron en la desaparición de 43 jóvenes de una escuela rural en Ayotzinapa. Expone lo sucedido para posteriormente contextualizar la realidad de estas escuelas que forman a los hijos de campesinos como profesores de primaria; basadas en la formación socialista, y vinculadas con movimientos sociales, campesinos, del magisterio e incluso guerrilleros. Se cierra con una interpretación sobre la fuerte crisis política del Estado mexicano provocada por estos sucesos, pero manipulada por el gobierno federal y Televisa para afectar más a la izquierda mexicana. El gobierno de Peña Nieto ha dado “carpetazo” a esto (cerrar el caso sin agotar las investigaciones) y los familiares han acudido a la Comisión de Desapariciones Forzadas de la ONU. Mientras, los principales activistas del país proyectan una profunda refundación del Estado mexicano como única salida posible. “¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!”
Palabras-clave: jóvenes, violencias sociales, Estado mexicano, crisis política, Ayotzinapa.
Fecha de recepción: 28/01/2015
Fecha de aceptación: 15/02/2015
