Principales agentes violadores
De las 168.690 denuncias que se hicieron a la Secretaría de Derechos Humanos en 2012, por medio del sistema “Disque 100”, alrededor de 77,1% (130.029) se relacionan con las violaciones de Derechos Humanos de Niños y Adolescentes. Según el ECA (Brasil, 1990), hay cuatro tipos de violadores: los padres o responsables (familiares y personas que conviven con la familia del sujeto que sufrió la violación), Estado, sociedad y el niño o adolescente mismo.
Se notó en las entrevistas efectuadas que todavía prevalece la tendencia a responsabilizar a la familia por la situación del niño. Aunque el ECA realizó un cambio en el paradigma legislativo de la familia, aún no está totalmente garantizada la modificación de la ideología que permea a la familia pobre, dándole una nueva categorización: familia negligente (Cruz; Guareschi, 2008). En la siguiente expresión está presente esa idea:
La raíz del problema, de hecho, creo yo que está en la falta de estructura familiar de esas personas, porque la familia es la que nos quiere, ¿no?, pero muchas veces ellos no tienen ese amor. Cría al hijo de cualquier forma, también son madres y padres que también se criaron de cualquier forma, entonces se valora mucho lo material. Vive en una chabola precaria, pero tiene un iPad, un iPhone (UBS).
A partir de la intervención del Estado se responsabiliza a la familia por considerarse “fuente privada de bienestar social”, y no siendo capaz de cumplir con ese modelo idealizado, se le coloca en la condición de “desestructurada”, “desintegrada” o “desorganizada” (Cruz; Guareschi, 2008).
Emergen esos estereotipos igualmente en las entrevistas realizadas: “Sin embargo, la mayoría de los problemas que el Consejo Tutelar tiene es con las madres. Creo que es porque la madre acaba quedándose más tiempo con el niño o generalmente está separada del padre (Consejo Tutelar)”; “Aquí hay mucha EMEI (Escuela Municipal de Educación Infantil), mucha ONG (Organización No-Gubernamental), CCA-siglas en portugués (Centro para Niño y Adolescente), hay mucho, pero no dan abasto, porque la raíz del problema está allí en el núcleo familiar, en mi opinión, ¿me entiendes? (UBS)”.
La reflexión propuesta no exime a la familia de la responsabilidad por la violación de los derechos del niño y del adolescente, ya que es el principal agente de socialización, desempeña un papel decisivo en la educación y es igualmente en ella que se transmiten los valores. El peligro de la culpabilización de la familia es que puede omitirse el no cumplimiento de los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, una vez que una familia sin recursos, es decir, encuadrada en una categoría de riesgo social, no puede suplir las necesidades de sus miembros, visto que tiene sus propios derechos violados (Melo, 2012). Se puede afirmar que hay, por parte del Estado, un exceso de valoración moral respecto a la familia, favoreciendo la construcción histórica de la idea de familia como espacio de realización y felicidad (Sequeira, 2007). Es importante una reflexión ética que se proponga, en el ámbito de la discusión, la influencia de la sociedad y de las políticas públicas en el espacio familiar.
En ese sentido, se debe igualmente considerar el Estado como un agente violador de los derechos sociales, ya que le cabe asegurar los derechos al niño, al adolescente y al joven con absoluta prioridad. En lo que se refiere a los menores de 18 años, las reivindicaciones se dieron en el sentido de impedir los abusos de la intervención del Estado que eran notorios durante el período en el que la protección del menor se hacía por trabajo de FUNABEM (Fundación Nacional del Bienestar del Menor) y FEBEM (Fundación Estadual para el Bienestar del Menor). Sierra y Mesquita (2006) destacan como un riesgo para la promoción del bienestar y para los derechos sociales las acciones relacionadas con la forma de represión policíaca, con las actividades de tráfico de drogas y con la violencia urbana. Según el profesional del MSE, la Provincia, por medio de la Policía Militar, es aún una gran violadora, ya que es frecuente el abuso de poder por parte de los policías en la comunidad.
Se vuelve más evidente el abuso de poder policíaco al hablar de los jóvenes negros que viven en las periferias. En el Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2013 se resalta que “la preocupación por la criminalidad infantojuvenil funciona, en realidad, más como un instrumento de marginación de la población pobre que una ampliación y un reconocimiento de los derechos civiles de los jóvenes” (Lima; Bueno, 2013, s/d).
Red de protección social
El Sistema de Garantía de los Derechos del Niño y del Adolescente (SGDCA-siglas en portugués) fue concebido por el ECA y formalizado en 2006. Consiste en una red de acciones organizadas, articuladas e interconectadas de profesionales e instituciones que tienen como objetivo la garantía de los derechos del niño y del adolescente. Para construirlo fue necesario articular acciones conjuntas involucrando Provincia, comunidad y familia.
El funcionamiento de esa red de protección en la zona de Heliópolis fue descrito por el funcionario del Consejo Tutelar como burocrático, exigiendo gran esfuerzo del equipo para que el niño reciba atención por otros aparatos lo más pronto posible. La psicóloga del MSE clasifica la red como mal articulada, aunque los profesionales intentan hacerla funcionar “de la mejor forma posible”. Ella se queja de que los funcionarios tienen la concepción de que trabajar en red se resume al acto de realizar el encaminamiento a otro equipo, cuando lo más eficaz, según ella, sería mantener una discusión colectiva sobre el caso. El canal de servicio más utilizado por el NPJ, por el que llegan niños y adolescentes encaminados, es el Consejo Tutelar, sin embargo, generalmente no se conocen las medidas que ya tomó ese servicio.
Las características apuntadas por los funcionarios del MSE, NPJ y del Consejo Tutelar reflejan una red que no puede romper las barreras burocráticas para promover el diálogo entre sus servicios. Dicha dinámica genera el aislamiento del dispositivo, lo que se contrapone a los objetivos de una red comunitaria que requiere, entre otros factores, de la interacción constante entre sus miembros y la multidimensionalidad de la intervención (Montero, 2003). Es importante señalar que la demanda de niños y adolescentes por profesionales de la red de protección social es muy alta, hecho que justifica la saturación de ciertos dispositivos que no logran dar continuidad a la atención a la familia.
La búsqueda por políticas sociales con estructuras menos verticalizadas puede asegurar que niños y adolescentes reciban atención integral, conforme previsto en el ECA. El Sistema de Garantía de Derechos del Niño y del Adolescente aprecia el trabajo progresivo y en red, facilitando la articulación entre los consejos de salud, tutelares, asistencia social, salud y educación, creando y fortaleciendo las relaciones democráticas, éticas y horizontales (CONANDA, 2006).
La UBS que actúa en la zona, según el profesional entrevistado de ese local, mantiene relación con otros servicios públicos y realiza asociaciones con instituciones de la comunidad local, como iglesias, escuelas y ONGs. Se trata de un trabajo que ocurre de forma multilateral.
Otro ejemplo similar es el foro mensual que reúne profesionales de los servicios de educación, salud y asistencia social de Heliópolis y zonas aledañas con la finalidad de discutir la situación de los niños y adolescentes que reciben atención en esos aparatos. Los investigadores tuvieron la oportunidad de participar en un encuentro de ese foro, donde fue discutido el tema de “educación infantil”. A pesar de estar en un contexto institucional, esas características corresponden a un tipo mixto de red que Montero (2003) clasifica como “estructurada”, pero a la vez “espontánea”, ya que su organización tiene una estructura formal y flexible contando con dispositivos oficiales, pero igualmente con comunicaciones informales, fuera del círculo del servicio público. El proceso de socialización y de información favorece esa dinámica y garantiza el aprovechamiento de recursos materiales y humanos disponibles dentro y fuera de la red de protección.
A pesar de la buena articulación entre los aparatos de la red descrita por el profesional de la UBS, la falta de servicios para algunos encaminamientos específicos en la zona de Heliópolis se destaca como uno de los problemas afrontados. Es una función de la red articular personas y grupos y ayudar a actores y agentes sociales a potenciar iniciativas que desarrollen al niño, al adolescente y a las familias en las políticas de protección. La presencia de organizaciones sociales como las iglesias (mencionada en la entrevista) y las escuelas, aumenta la confianza y la sensación de protección social. La protección integral prevista en el ECA propone una acción pública que garantice la eficacia de esta a través de relaciones, conexiones y articulaciones entre los diversos servicios socio-asistenciales.
