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Palabras iniciales

Son ya 14 años de la implementación de la “guerra contra el crimen organizado” emprendida por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, cuyos resultados están lejos de lograr los objetivos de terminar con el trasiego de sustancias ilícitas y otros delitos (secuestro, fraude, robo de combustible, trata de personas etc.). Pero lo que sí provocó ha sido la desaparición (más de 30 mil personas) y muerte (más de 170 mil) de mexicanos y mexicanas que ya no están con nosotros, además del gasto de más de 2 billones de pesos mexicanos (poco más de 94 mil millones de dólares americanos) destinados a esta “guerra” sin sentido (Relea, 2006; El país, 2016).

Ante este evidente fracaso de una política prohibicionista y de ataque frontal a la siembra/preparación, trasiego, distribución, venta y compra de sustancias ilícitas, debemos agregar a las pérdidas humanas y de recursos millonarios por parte del Estado mexicano un terrible proceso de resquebrajamiento del tejido social que, además de servir como un contexto idóneo para que opere muy bien “aceitada” la Narcomáquina integrada por los cárteles del crimen organizado, algunos empresarios y el Estado mexicano (Reguillo, 2011), ha impregnado las diversas subjetividades de los mexicanos y las mexicanas quienes hemos incorporado a nuestras vidas cotidianas el terror, la zozobra y la incertidumbre. “Solo” han pasado 14 años y nuestro país se ha convertido en un lugar inseguro y violento, en el que hasta caminar por las calles nos representa una serie de riesgos que debemos valorar y saber sortear para no ser obligados y obligadas a trabajar en condiciones de esclavitud para el crimen organizado o amanecer desmembrad@s en una bolsa negra de basura. También éstos son los resultados, también lacerantes como la propia muerte, de la política emprendida por Felipe Calderón. “Contamos muertos, pero el gesto es inútil porque no se logra reponer humanidad, ni zurcir la rotura que la máquina produce tras su paso. La violencia es unidireccional, no hay violencia recíproca en virtud de la condición fantasmagórica de la máquina” (Reguillo, 2011).

Pero, así como todos los problemas sociales hacen crisis en las poblaciones más desprotegidas de la sociedad, la guerra contra el narcotráfico ha golpeado con mayor fuerza a los sectores pobres, a las mujeres, a los varones jóvenes, a los niños y a las niñas; a ellos y ellas que le resultan totalmente prescindibles a un sistema basado en la necropolítica. Para el caso de los y las jóvenes, es claro que en México se ha impulsado un “juvenicidio” desde el contubernio entre el Estado y el crimen organizado (Marcial, 2019). Son innumerables los datos que así lo refieren, y también son escasas o nulas las políticas públicas y las acciones de gobierno que busquen solucionar todo esto. Ni siquiera lo han logrado en el doloroso tema de la localización con vida de sus seres queridos o, en el peor de los casos, de sus cadáveres o restos mortuorios. El actual modelo económico está generando un contexto de violencias sociales que provoca una fuerte crisis en las interacciones cotidianas de jóvenes urbanos, quienes (sobre)viven en los barrios populares de la ciudad.

[…] el neoliberalismo equivale a un poder de ocupación […] su fuerza principal radica en la transformación de la sociedad “desarrollista” en una sociedad bulímica que engulle a sus jóvenes y luego los vomita: en narcofosas, en la forma de cuerpos ejecutados y torturados; en la forma de cuerpos que ingresan a las maquilas como dispositivos al servicio de la máquina; como migrantes; como sicarios, “halcones”, “hormigas”, “mulas” al servicio del crimen organizado; como soldados sacrificables en las escalas más bajas de los rangos militares; como botargas acaloradas de las firmas de fast food que proliferan en el paisaje. La enumeración de las formas en que “la catástrofe” de la idea de vida y la vida misma que viven millones de jóvenes precarizados en el mundo, en Latinoamérica, México, escapa al poder de síntesis y a la capacidad de indignación (Reguillo, 2015, p. 65-66).

Entre los y las que se congregan en las llamadas “pandillas” o “barrios”, las nulas opciones de educación y empleo, los cruentos procesos de estigmatización social, la presencia del crimen organizado en sus barrios, entre otras cuestiones, construyen una realidad que abreva de los roles tradicionales de género para consolidar masculinidades violentas que encuentran en la imposición y el sometimiento uno de los recursos más efectivos para lograr reconocimiento y para defender al grupo ante sus enemigos inmediatos (otras pandillas, la policía, “La Plaza”²). La reproducción de estos roles tradicionales entre varones y mujeres perpetúa no solo la subordinación de las mujeres al poder masculino, sino que además contribuye significativamente al aniquilamiento juvenil impulsado no solo por el crimen organizado sino también por los propios cuerpos policiacos de la ciudad, aniquilamiento en el que los y las jóvenes son tanto las víctimas y como los victimarios.

El contexto de las violencias sociales en Guadalajara

Resulta necesario hacer un esfuerzo para comprender de manera holística (amplia y total) un problema como las violencias estructurales que afectan a las juventudes contemporáneas con todas sus causas, repercusiones y consecuencias. Me parece que pensar esta realidad desde una visión holística, cuestionando las jerarquías impuestas desde el mundo adulto (adultocentrismo) hacia las y los jóvenes, puede ayudar significativamente en la comprensión y explicación del fenómeno para lograr incidir en su prevención, más que buscar culpables y centrarse tan solo en lo que tiene que ver con el castigo de los responsables y su posible readaptación social.

“Aterricemos la mirada” en nuestro contexto local. Los procesos urbanos, poblacionales, económicos, sociales y culturales en el contexto metropolitano de Guadalajara son muy complejos y requieren miradas multidisciplinarias que logren hacer evidentes las características esenciales de muchos de los fenómenos que tal realidad provoca, para poder aportar planes y programas de gobierno que realmente generen soluciones a los problemas más apremiantes para la población que aquí habita. Una de tantas problemáticas tiene que ver con los procesos y espacios que afectan a las y los jóvenes de esta metrópoli mexicana, y su actual entrecruzamiento con el incremento de la delincuencia y las violencias sociales suscitado principalmente por la creciente presencia del crimen organizado en esta ciudad.

Sin embargo, antes de centrar la atención en estos procesos y espacios que vulneran a miles de jóvenes urbanos, es necesario (re)conocer parte fundamental del contexto social y cultural en el que se presenta. No es posible ubicar, analizar e interpretar un fenómeno tan complejo como el mencionado, sin antes conocer ese contexto social en el que (sobre)viven cotidianamente estos jóvenes. En el Área Metropolitana de Guadalajara, los y las jóvenes representan el 32% de la población total³ (INEGI, 2011). Desgraciadamente, de entre ellos y ellas solo el 37% asiste regularmente a la escuela. Más de la mitad han tenido que abandonar, por diversas causas, su formación escolar. Por ello, un 40% de los varones y un 25% de las mujeres se dedican exclusivamente a trabajar. Los y las que logran combinar ambas actividades (estudiar y trabajar) son muy escasos (7% de los varones y 4% de las mujeres). Pero donde la variable de género juega un papel importante es entre aquella población juvenil de Guadalajara que no estudia ni trabaja. Las mujeres que no realizan ninguna de estas actividades alcanzan el 29%, mientras que para los varones el porcentaje es del 6%. Dentro de quienes no estudian ni trabajan, una tercera parte de las mujeres se dedican a labores del hogar, y una quinta parte de los varones hacen lo mismo.

Datos de la Encuesta Nacional de Juventud (IMJ, 2011) permiten dilucidar que de cada 100 niños y niñas que inician la educación primaria, solo seis lograrán obtener un título universitario y 2 de ellos lograrán finalizar estudios de posgrado. Para oscurecer más este panorama, solo uno de los seis que finalizaron su formación universitaria encontrará un empleo relacionado con sus estudios. Parte importante de los jóvenes que estudian se incorporarán, alrededor de los 16 años, a empleos con nivel técnico en fábricas, comercios o empresas (con un importante incremento en la economía informal, paralegal e ilegal), independientemente de sus niveles académicos y su preparación en diversas ramas del conocimiento. En tales condiciones, la migración (legal e ilegal) a los Estados Unidos se presenta como una de las alternativas más atractivas (pero menos segura) para miles de jóvenes en esta ciudad. Todo lo anterior, aunado a las muertes y desapariciones forzadas, hacen una fuerte crisis entre las y los jóvenes del país, especialmente los de sectores empobrecidos.⁴

En México, podemos identificar de manera clara el desbordamiento de asesinatos, violencia, miedo y violación de derechos humanos con el inicio de la iatrogénica política prohibicionista impuesta por el expresidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. Violencia que ha seguido un curso expansivo a lo largo del país y ha continuado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En el periodo señalado, se identifican los tipos de violencia mortal de hombres y mujeres, destacando la agresión con disparo de arma de fuego, agresión con objeto cortante, y agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación (Valenzuela, 2016, p. 16).

Por su parte, el mismo gobierno mexicano, a través del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Gobierno de México, 2018), reconoce cerca de 30 mil desapariciones forzadas con reporte ante las autoridades correspondientes. Pero asociaciones civiles mencionan que, sumando asesinatos y desapariciones no reportadas, la cifra de esta mal llamada “guerra contra el crimen organizado” podría alcanzar más de 100 mil casos. Y son los jóvenes también los protagonistas en estas historias de terror: “[…] el perfil prototípico de los desaparecidos en México son hombres jóvenes entre 19 y 25 años” (Camhaji, 2018).

Y obviamente para el caso del homicidio, éste afecta más a los varones, aunque hay que distinguir que el número de víctimas femeninas ha estado creciendo como sigue: entre 2000 y 2007 la proporción era de ocho varones asesinados por cada mujer, pero de 2008 a 2017 la proporción entre hombres y mujeres se ha elevado a nueve hombres por cada siete mujeres; entonces se ha “feminizado” esta realidad violenta. A lo que debemos sumar la constante alza de casos de feminicidios en el país (Guerrera, 2018).

En 2006, los cárteles del crimen organizado fueron responsables de poco más de 30% de todos los homicidios intencionales en el país, pero a partir de 2010 pasaron a ser de más de 60%. Uno de cada cuatro mexicanos ejecutados en el marco de la guerra contra el crimen organizado era joven. El uso de armas de fuego en la violencia juvenil se ha incrementado sobre todos a partir de esta política, y los homicidios de jóvenes por armas de fuego casi se han triplicado. Los jóvenes fueron responsables de la mitad de los delitos con estas armas en 2010, las edades de los jóvenes que participaron en este tipo de delitos se ubican entre los 18 y 24 años de edad en 60% de los casos. Nueve de cada diez (91.5%) eran varones.

Este problema de inseguridad pública que vivimos los mexicanos y mexicanas se ha convertido en uno de los aspectos centrales de atención por parte de las autoridades. Los índices de delincuencia han llegado a tales niveles que obligan a la sociedad (gobierno y sociedad civil) a dedicar mucha de su atención a una problemática que afecta cotidianamente a la población en general. Ciertas zonas del país se han convertido en espacios “intransitables” y de latente peligro para los habitantes nacionales y los visitantes extranjeros. Sin embargo, este ambiente de inseguridad afecta de distinta manera a los estratos y segmentos poblacionales que constituyen el Área Metropolitana de Guadalajara. No sólo en relación con el ingreso y la propiedad, sino también en referencia con el grupo de edad y el género, la inseguridad pública presenta diferentes caras y matices que obliga a la sociedad a trabajar desde distintos frentes para lograr controlar sus consecuencias.

Para muchos, la relación “delincuencia-juventud”, más propiamente “jóvenes en conflicto con la ley”, es tan estrecha como lo marca el dato que sigue: “[…] dos de cada tres delitos que se cometen en la Zona Metropolitana de Guadalajara tienen como autores a jóvenes de 18 a 28 años de edad” (PGJEJ, 2014, p. 3). Si sumamos a lo anterior los delitos cometidos por menores de 18 años (dato del cual carecemos), la tendencia hacia el “rejuvenecimiento del delincuente” resulta preocupante. Esto es, buena parte del problema de la inseguridad pública pareciera tener como origen a los niños y jóvenes que cohabitan con nosotros y que se han visto orillados a delinquir como una forma de sobrevivencia económica. Pero lo anterior podría ser una cara de la moneda. Sumando los casos de robo, asalto, agresión, asesinato, violación etc., en los que el(los) afectado(s) resultó ser un menor de 30 años, estaríamos hablando de cerca del 62% de incidencia (PGJEJ, 2014). Así, podemos ver que en la otra cara de esa misma moneda los jóvenes son también el principal protagonista; o, en términos judiciales, víctima y victimario.

La lógica más elemental nos indica que es al sector juvenil al que se deben destinar atención y recursos para prevenir y solucionar el problema de la delincuencia. Como si fuera un “círculo vicioso”, nuestra sociedad está produciendo jóvenes delincuentes que tarde o temprano se convertirán en agresores de otros jóvenes. Pero a su vez, está introduciendo a su juventud a una agresividad cada vez más violenta. Se ha mencionado que el aumento de la agresividad juvenil tiene raíces en distintas crisis (la económica, la educativa, la laboral, la de valores morales y sociales, la familiar, la espiritual), o que es resultado directo de la violencia expuesta en distintos medios de comunicación (el cine, la televisión, los videojuegos). También se ha dicho que el delincuente proviene casi siempre de ambientes en los que la violencia es cotidiana. Sin duda todo influye, es un fenómeno multicausal. Pero los y las jóvenes son los menos culpables de todo ello y, sin embargo, los más afectados.

Hoy en día ya no es tan fácil ser joven. A los problemas propios de inseguridad que se viven en Guadalajara hay que agregar el peligro que representa ser joven ante la mirada del policía que, advertido por sus superiores que conocen las cifras arriba indicadas, ven en ese joven un delincuente potencial al que sólo hay que comprobarle algún delito que “seguramente” cometió (o que está “a punto” de cometer, que para el caso es lo mismo). También hay que agregar la intolerancia e incomprensión de una sociedad que cada vez más limita los espacios para los jóvenes, esperando que sólo hagan lo que “deben” hacer y estigmatizando otro tipo de conductas y gustos culturales. Hay que agregar, aún más, la carencia de oportunidades de educación y empleo que, muchas veces, orillan a la juventud a encontrar otras formas de sobrevivencia económica que van desde el subempleo, la economía informal, la migración internacional ilegal, la prostitución, la paralegalidad, hasta la delincuencia en sus diferentes modalidades (Marcial, 2016).

Por ello, debemos partir de que son precisamente los y las jóvenes quienes están siendo más afectados por este problema social, y no que son los responsables de él. Es decir, la sociedad (gobierno, sociedad civil organizada, académicos, medios de comunicación, iglesias, empresas etc.) debe enfocar acciones y programas para proteger a los jóvenes del problema de la delincuencia y no culparlos y castigarlos. Además, son los propios jóvenes los que deben impulsar acciones que coadyuven a soluciones reales de prevención, y las instituciones sociales deben apoyar y orientar estas demandas legítimas. Hay que estar consciente que lo anterior no es algo fácil de atender y solucionar, pero tenemos el compromiso de caminar por esa ruta. Parece pertinente, entonces, partir de un acercamiento comprensivo de las características que rodean esta realidad juvenil, para entonces poder vislumbrar posibles caminos ante esta problemática.

Concretamente en Guadalajara, un estudio realizado por el Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana detectó que la población consideraba que los jóvenes menores de 25 años que se veían involucrados en faltas administrativas tenían que ver, en orden de importancia, con prácticas como el grafiti, el consumo de sustancias ilegales en la vía pública, el consumo de alcohol en la vía pública, escandalizar y tirar basura en la vía pública (CCSCG, 2009, p. 18). Por su parte, este sentir ciudadano con relación a los delitos cometidos por jóvenes considera como los más importantes aquellos relacionados con la compra y venta de sustancias ilícitas, seguido por la extorsión y en tercer lugar el robo de autopartes; aunque destaca que el asalto a transeúntes en la calle y a usuarios del transporte público son los que se realizan con mayor violencia (CCSCG, 2009, p. 21). Esto generó, según el estudio, que los pobladores de esta metrópoli mexicana consideraran en un 49% que la delincuencia había aumentado en sus respectivas colonias, mientras que un 29% juzgó que seguía igual que en años anteriores, y finalmente un 21% que había disminuido (CCSCG, 2009, p. 27). Ante ello, las y los ciudadanos recurren a respuestas cotidianas para evitar ser víctimas de la delincuencia.

De manera considerable la inseguridad ha alterado tres aspectos de las actividades cotidianas y el estilo de vida de los ciudadanos, en primer lugar, un 55.88% señaló que evita usar joyas, un 55.22% que prefiere no portar dinero en efectivo y un 47.88% que prescinde salir de noche (CCSCG, 2009, p. 27).⁵

En otros asuntos, la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (INEGI, 2014) destaca que un 62% de los jóvenes han tenido problemas en sus hogares, aunque 44% prefiere evadir a los demás integrantes de su casa para evitar discusiones y peleas. Se refiere que el principal problema que provoca conflictos en las familias de estos jóvenes es el incumplimiento de las labores domésticas que a cada cual le corresponden. 67% de los jóvenes encuestados aseguraron que reciben consejos de sus padres cuando cometen errores y 39% refirió solo los regaños. Desgraciadamente un 13% aceptó que ante sus faltas domésticas se generaban situaciones de violencia física y psicológica con gritos, insultos, groserías, humillaciones, acusaciones, amenazas, los ignoran o no les dan importancia, se les dice que ya no los soportan, los corren de sus casas, los hacen sentir mal, o los agreden mediante empujones, pellizcos, golpes y jalones (INEGI, 2014).⁶

Es de destacar, según esta encuesta, que el 86% de los jóvenes confían en sus vecinos, el 59% participa en programas u organizaciones de sus colonias (principalmente de carácter deportivo) y el 63% ha presenciado el consumo de sustancias en las calles de su colonia pero refieren que los vecinos realizan acciones organizadas en los casos en que se presentan peleas entre “pandillas” (51%) y en los casos de robos a transeúntes o en domicilios (40%) (INEGI, 2014).