Entrevista de Indira Granda y Julián Loaiza de la Pava con Pablo Ceriani Cernadas
Pablo Ceriani Cernadas
Universidad Nacional de Lanús, Departamento de Planificación y Políticas Públicas, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Indira Granda
Fundación CINDE y Universidad de Manizales, Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, Manizales, Colombia.
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-6160-5674
Julián Loaiza de la Pava
Fundación CINDE y Universidad de Manizales, Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, Manizales, Colombia
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6170-4915
Indira Granda – Buenas tardes, Dr. Pablo. Lo saludamos con mucho gusto y esperamos que se encuentre bien ¿Puede contar para las y los lectores algo de su formación y trayectoria en el campo de los estudios migratorios, así como de la relevancia que le da a la Determinación del Interés Superior del Niño en el gobierno de la migración contemporánea?
Pablo Ceriani Cernadas – Muchas gracias por esta invitación a conversar. Sobre lo que me consultas, puedo decir que yo me aproximo al tema migratorio desde el ámbito de la sociedad civil. En los últimos años de la década del noventa, como abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – un organismo de derechos humanos argentino creado en 1979 –, trabajaba en el acompañamiento jurídico de personas víctimas de diferentes formas de restricción, abuso o violación de sus derechos.
En esos años, allí empezamos un proyecto de diálogo con sectores de migrantes, refugiados, comunidades indígenas y afrodescendientes en Argentina, en el marco de la preparación de la Conferencia Mundial contra el Racismo, que se celebró en Durban, Sudáfrica, en 2001.
A la par, como organización que brindaba asistencia jurídica gratuita, entrabamos en contacto con una demanda cada vez mayor de ese tipo de servicios o apoyo, por parte de las personas y familias migrantes. Esto porque en Argentina teníamos un marco normativo de la época de la dictadura militar, que era muy restrictivo. Y que, en aquellos años, coincidió – no por casualidad –, con uno de los tantos ciclos de crisis económica profunda del país, que derivó en la expresión de situaciones de elevada xenofobia (social, institucional y comunicacional), que incluyeron actos de violencia, contra población migrante.
Todo eso contribuyó a que el tema estuviera en la agenda de nuestro trabajo, en la elaboración de estrategias de incidencia de defensa de derechos, de acciones ante el poder legislativo para cambiar el marco normativo, y, en el ámbito del poder ejecutivo, para generar cambio en las actuaciones y los discursos hacia las personas migrantes.
Ya desde aquel entonces, año 1999, 2000, 2001, 2002, en el plano jurídico, nos enfrentamos a casos de separaciones familiares por deportaciones arbitrarias, por lo que empezamos a trabajar con argumentos utilizados en temas clásicos de protección de la niñez y en la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente, el principio del interés superior del niño, el derecho a la participación, a ser oído, a la unidad familiar, ahora aplicados a casos de migración.
El caudal de demandas que existía de la población migrante frente a los derechos que veían abusados o negados, llevó a que creáramos, para fortalecer aquella respuesta, la Clínica jurídica de defensa de derechos humanos, en alianza con la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con dos objetivos: uno, proceder con acciones legales concretas y brindar asistencia jurídica gratuita a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas; y dos, contribuir a la formación de profesionales del derecho en el tema migratorio – algo que notábamos como una laguna muy importante, ya que percibíamos que el derecho se había desentendido del tema de migraciones, siendo abordado principalmente por otras ciencias sociales, como la sociología, el trabajo social y la antropología, y, poco a poco, por algunas otras, como la psicología.
Con esta iniciativa se trataba de volver a traer la discusión al ámbito jurídico, de encontrar herramientas para la protección de derechos, ya que el escenario nos mostraba que se utilizaba la disciplina del derecho de una forma cada vez más contradictoria y hasta perversa, para justificar la negación de derechos básicos y del principio de igualdad, con base en criterios como la nacionalidad o la condición administrativa migratoria.
Posteriormente, luego de varios años de actividad profesional, sentí la necesidad de incorporar herramientas teóricas. En el trabajo en defensa de derechos de las personas migrantes todo lo había aprendido en la práctica, intentando allí crear estrategias, herramientas y argumentos, por esas falencias de formación jurídica de las carreras de derecho en esta temática. Por ello, decidí hacer la formación de postgrado, me especialicé en el estudio de las migraciones y cursé un programa de doctorado en Derechos Humanos orientado a temas de movilidad humana, así como una maestría en temas de migraciones internacionales, ambos en Universidades de España; esto me dio herramientas teóricas para volver hacia los pasos dados en la práctica, con el mismo objetivo de tributar a la transformación: es decir, volcar todo aquello hacia cambios político normativos, sociales o de carácter práctico y hasta a nivel de representaciones culturales – todas apuestas de largo plazo.
Parte de los aprendizajes para mí de esta trayectoria en formación y acción social, es que tanto la academia como las organizaciones sociales, entre otras instancias, son medios para sembrar ideas que lleven a que la ciudadanía sea más despierta, más crítica, de crear antídotos, a modo que rechace cualquier propuesta política que intente legitimar que un vecino o vecina porque nació al otro lado del río, tiene que gozar de menos derechos.
Creo que el campo migratorio es un espacio polarizado entre aquellos actores que presentan a las migraciones como una amenaza, un riesgo, un problema, y los que actúan desde una perspectiva de defensa de derechos.
Y esa discusión, para encontrar soluciones, debe ampliarse, ya que la temática migratoria es, en realidad, una cuestión social, y en especial, una cuestión social integral. Por eso, es indispensable incorporar otros actores para promover políticas de movilidad humana integrales, efectivas, democráticas y con enfoque de derechos. De esta manera, por ejemplo, al hablar de la niñez migrante es preciso dar un lugar central, primero que nada, a los organismos públicos y sociales especializadas en niños, niñas y adolescentes; al hablar de salud y migración es fundamental centrar el diálogo – y las políticas – en la salud de las personas y los objetivos de políticas de salud pública, y, por ende, hacerlo junto a los actores del ámbito de la salud – antes que los encargados de cuestiones como el ingreso a un territorio. En definitiva, se trata de discutir sobre qué condiciones de vida queremos garantizar a quienes comparten una comunidad, y qué instituciones, políticas y procesos son necesarios para ello.
