Luis Eduardo Morás: Sin duda que para llegar a plebiscitar una reforma constitucional operaron múltiples factores políticos. Pero, claramente, esta configuración de ideas, donde se presenta al país viviendo una situación de violencia y desorden social con características desconocidas en el pasado y cuyos exclusivos protagonistas son los adolescentes pobres que deben ser penalizados como adultos, jugó un trascendente papel. En los hechos, desde el año 2009 todas las encuestas coinciden en señalar que la seguridad pública es la principal preocupación de los ciudadanos.

Luis Eduardo Morás: En primer lugar, debe destacarse que plebiscitar una reforma constitucional luego de obtener la cantidad de firmas necesarias para habilitar la consulta resultaba una iniciativa inédita en el país. Y también representa una movida original dentro de la amplia gama de propuestas del populismo penal que proliferan en la región. Proyectos de cambios, a nivel legislativo, para el endurecimiento de las normas penales, tanto en Brasil como en prácticamente todo el continente hay muchos. Pero convocar directamente a la población para que se pronuncie sobre el tema que mayor preocupación genera, como lo es la inseguridad, y que promueve medidas represivas sobre aquellos que son responsabilizados por todos los males contemporáneos, representaba un nivel cualitativamente diferente. La reforma planteaba consecuencias muy graves en el plano legal, pero también, y fundamentalmente, en el campo simbólico ya que de haberse aprobado se hubiera modificado la Constitución de la República, que supuestamente debe representar los valores más generales y superiores que unen a la nación.
En segundo lugar, la iniciativa surgió de los grupos políticos más conservadores, pero en forma inteligente, los trascendió al conformarse una “Comisión para Vivir en Paz”, cuya cara más visible y mediática son las propias víctimas del delito. En síntesis, era una propuesta donde confluían la principal preocupación de los ciudadanos – la inseguridad – con la natural sensibilidad colectiva que despierta el dolor de las víctimas del delito y que proponía la solución más evidente impuesta por el sentido común criminológico frente al problema de la violencia: culpabilizar y penalizar a los adolescentes más pobres. No resultaba fácil enfrentar una iniciativa con esas características que, además, contaba con la amplísima recepción de los mensajes en los medios de comunicación.

Luis Eduardo Morás: Desde un primer momento, las organizaciones sociales que trabajan en contacto directo con niños, adolescentes e universitarios entendimos que el proyecto trascendía la mera “cuestión penal adolescente”. Desde el retorno a la democracia, en 1985, esta cuestión había generado una veintena de propuestas de reforma a nivel legislativo, que no contaban con las mayorías parlamentarias para ser aprobadas. Indudablemente, la dimensión de las fuerzas políticas, que lograron rápidamente obtener un 10% de firmas del padrón electoral para convocar la consulta popular, los apoyos mediáticos y financieros de la campaña, trascendían el asunto más inmediato y se transformaba en un plebiscito sobre una agenda más amplia de derechos trabajosamente conquistados en los últimos años. En última instancia, el plebiscito traducía una cosmovisión conservadora sobre el origen de los males contemporáneos. Si bien, en lo más inmediato, los principales culpables eran los adolescentes pobres, en el estado de desorden generalizado y creciente violencia, no resultaban ajenos los cambios legales operados recientemente como las leyes sobre matrimonio igualitario, comercialización del canabis, interrupción del embarazo etc.
De allí, que pueda decirse que el plebiscito planteaba una batalla cultural al promover una visión sobre el origen de los problemas de la violencia y los diversos malestares existentes, adjudicando responsabilidades específicas y alimentándose de la extensión del miedo para promover como única respuesta posible la profundización de la punitividad.

Luis Eduardo Morás: En efecto, hacia el año 2011, las encuestas de opinión pública mostraban que el 70% de la población estaba de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad penal, aprobando la reforma constitucional. En ese momento, no resultaba fácil ni previsible obtener éxito en revertir lo que parecía ser la culminación histórica de una jugada maestra de los sectores políticos más conservadores, máxime si consideramos que el plebiscito era simultáneo a las elecciones presidenciales de noviembre del 2014. Eso colocaba al tema de la inseguridad como una poderosa bandera de confrontación electoral y situaba a la izquierda frente a la incómoda perspectiva de tener que oponerse al proyecto, abrazándose a una causa previsiblemente perdida.
La primera reacción frente al oscuro horizonte provino de las organizaciones que trabajan en contacto directo con niños y adolescentes y conocen las múltiples vulnerabilidades que los afectan y las continuas violaciones a sus más elementales derechos. Organizaciones y militantes que, durante años, curtieron la piel ante las habituales críticas mediáticas y de sectores políticos de ser “cómplices de los delincuentes”, junto a universitarios, lograron conformar una Comisión por el “No a la Baja”, que logró la rápida adhesión de militantes gremiales, sindicatos, artistas y juventudes de partidos políticos. La heterogeneidad de los sectores que la componían y la fuerte representación de jóvenes comenzaron a revertir el pesimismo original, lográndose contraponer al discurso político hegemónico de la demagogia “mano dura” las evidencias del conocimiento especializado en las más variadas disciplinas. También consiguieron mostrar la realidad de los adolescentes y algunas experiencias de trabajo concreto exitoso que realizaban las organizaciones comunitarias. Las múltiples jornadas y debates que se organizaron a nivel local y barrial con la presencia de educadores, especialistas y técnicos, resultaron sumamente efectivas para dejar al desnudo la orfandad de sustento técnico de una reforma que promovía una estigmatización de los más vulnerables y la extensión del encarcelamiento como supuesta solución al problema de la inseguridad.

Luis Eduardo Morás: Si miramos los fundamentos que se exponen para reducir la edad de imputabilidad y se atiende la alianza de fuerzas que impulsan el cambio, llegamos a la conclusión que no existen prácticamente diferencias y que es una ola de pensamiento que recorre el continente. Siempre sigo con mucha atención los debates sobre las políticas de seguridad en Brasil, porque tienen una gran influencia en Uruguay y, hasta por razones familiares, realmente es llamativa la coincidencia de argumentos entre países que, en muchos aspectos, son tan diferentes.
Un breve repaso de la mitología común sobre el tema y que no tiene ninguna evidencia empírica: se afirma que los adolescentes son los culpables de la mayor parte de los delitos; que se vive una situación de alarmante crecimiento de la violencia como nunca antes existió; que las leyes son inadecuadas u obsoletas dados los cambios existentes en los delitos o los propios adolescentes; que los jóvenes de hoy ya no son como los de antes; que el vértigo de la tecnología y las posibilidades que brindan los medios de comunicación favorecen una más temprana maduración y en consecuencia deben ser responsabilizados como adultos desde los 16 años; que reducir la edad de imputabilidad es el camino que están recorriendo todos los países; entre otras falacias que, reitero, no tienen ninguna evidencia que las sustente.
Más sutilmente y en un plano simbólico y cultural más relevante, las fuerzas conservadoras que impulsan estas reformas se apoyan en algunas ideas que también son comunes a ambas realidades. Algunas de ellas pueden sintetizarse en la frase “los problemas de seguridad no son de derecha ni de izquierda, afectan a todos los ciudadanos por igual”. Esta idea construye una hegemonía en torno de la represión como única e inevitable supuesta solución de los problemas; idea que generalmente se refuerza con la afirmación acerca de que esta perspectiva es compartida por “todos los ciudadanos honestos”. Por esta vía, la demanda por más policía, leyes más duras y más cantidad de presos cada día más jóvenes, deja de ser patrimonio de una visión conservadora del mundo y se transforma en un sentido común colectivo que es difícil de rebatir. A pesar de que el aumento de la punición, al menos en Uruguay, viene aconteciendo desde hace veinte años sin resultados positivos, los mensajes logran consolidar una hegemonía que coloca a quienes intentan enfrentarla en la posición de ser “cómplice de los bandidos”. Por esta razón, defender las garantías del estado de derecho o denunciar la constante violación a elementales derechos humanos de los presos, pasan a ser actos de extrema ingenuidad o perimido romanticismo e, incluso, representan una ofensa al dolor que experimentan las víctimas del delito. En última instancia, no resulta difícil deducir que las reformas legales que se proponen para penalizar a los adolescentes, promueven también un modelo de sociedad y traducen un proyecto político definido. Frente a esta realidad y la dimensión del desafío que suponen, quizás el mejor legado que se pueda extraer de la experiencia uruguaya, sea que no es inevitable la derrota y el consecuente retroceso en el campo de los derechos de los niños y adolescentes más vulnerables.

Palabras claves: imputabilidad penal, adolescencia, plebiscito, Uruguay.