Introducción

La pandemia de COVID-19 iniciada a finales de 2019 tuvo un impacto en la salud colectiva, aunque diferencial en función de la vulneración de derechos básicos de vastos sectores de la población y de las dificultades para el acceso a la atención en salud (Butler, 2020; Sousa Santos, 2020). Interpeló a los Estados y a las sociedades respecto de los obstáculos y las posibilidades de las políticas sanitarias integrales, las políticas del cuidado y la salud comunitaria. La complejidad socio-sistémica que evidenció la pandemia puso de manifiesto los límites del enfoque biomédico para afrontar la crisis sanitaria y la necesidad de considerar la perspectiva de la determinación social de la salud para la generación de respuestas adecuadas para garantizar los derechos de la población (Breilh, 2020).

Entre los distintos tipos de intervenciones que los Estados establecieron frente a la propagación del virus, el gobierno argentino adoptó la política de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), que rige desde el 20 de marzo del 2020¹. Con esta medida, se apuntó a contrarrestar el efecto exponencial del contagio del virus y la saturación del sistema de salud, a partir del cese total de actividades declaradas “no esenciales” y de la restricción de la circulación de las personas².

Ahora bien, la extensión de la cuarentena a lo largo del tiempo abrió un abanico de problemáticas psicosociales como la precarización del trabajo – a distancia o presencial –, la sobrecarga de trabajo doméstico, los obstáculos para el acceso a la educación y la salud, la afectación de los lazos comunitarios y familiares, interpelando a la organización política y social del cuidado en tiempos de pandemia y aislamiento (Sanchís, 2020). Para las mujeres, las personas habitantes de barrios vulnerables, las trabajadoras y trabajadores precarizados, entre otros, la cuarentena puede ser particularmente difícil de mantener y resulta discriminatoria si no se arbitran las medidas necesarias para su sostenimiento (Sousa Santos, 2020). Durante la pandemia del COVID-19, la sobrecarga de tareas domésticas y reproductivas de las mujeres, principales responsables del cuidado de los niños y niñas, se ha intensificado ante la ruptura o limitación de otros lazos sociales de cuidado, especialmente la escuela (Rodríguez Enríquez; Alonso; Marzonetto, 2020). Al mismo tiempo, la mayoría de las tareas que se encuentran consideradas como esenciales durante el período del ASPO -como la salud, la asistencia a personas con discapacidad o mayores, los servicios sociales brindados en comedores escolares, comunitarios y merenderos y los servicios de lavandería – están altamente feminizadas y con baja remuneración (Cañete Alonso, 2020; Bollati et al., 2020). A su vez, las cargas de trabajo al interior del hogar también suponen la profundización de la brecha de género. Se suman así los quehaceres domésticos al acompañamiento escolar de las infancias – debido a la suspensión de las clases presenciales y la implementación de la educación a distancia –, y el cuidado de personas, tanto de niñas y niños como de personas mayores o con discapacidad dentro de las familias (Bollati et al., 2020).

En correlación, dentro de las poblaciones especialmente afectadas se encuentra la población infantil. En Argentina, según las estimaciones de UNICEF (2020a), el porcentaje de población infanto-juvenil pobre alcanzaría el 62,9% a finales de 2020 a causa de la pandemia, lo que alcanzará a 8,3 millones los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, durante la pandemia se profundizaron las brechas educativas, digitales y nutricionales y la exposición a situaciones de violencia (UNICEF, 2020b). En este escenario, ante las recomendaciones de diversos organismos acerca del cuidado infantil en el período de cuarentena (Aldeas Infantiles SOS, 2020a, 2020b; Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria, 2020; UNICEF 2020c), surgen interrogantes sobre las posibilidades y obstáculos para su desarrollo. Al respecto, deben considerarse las intersecciones de clase, etnia y género en la delimitación de los modos de habitar ese momento vital, dado que se configuran escenarios de vulnerabilidad especialmente críticos para niños, niñas y adolescentes de sectores empobrecidos y/o con dificultades en el acceso al cuidado por parte del mundo adulto (Lenta et al., 2018).

El carácter polisémico de la noción cuidado (Cerri; Alamillo Martinez, 2012) conlleva el reconocimiento de las diferentes formas, niveles y dimensiones en las que se despliega dicho proceso relacional. Como conjunto de prácticas destinadas a sostener la vida de las personas, el cuidado presenta una dimensión material (corporal) y otra inmaterial (afectivo-relacional) (Pérez Orozco, 2006). En relación a esta última, lo característico del cuidado es la construcción de un lazo social tierno que aloja al otro en acto (Chardón; Scarimbolo, 2011). En este sentido, las prácticas de cuidado aluden a un conjunto de pautas, normas y regulaciones que metabolizan una expresión sublimada del amor por los otros (Lenta; Longo; Zaldúa, 2020). Por lo tanto, el cuidado remite también a los modos en que se crean y reparan los lazos sociales que producen comunidad (De La Aldea, 2019), ya que, como señala Lewkowicz (2004), el lazo social está constituido por el discurso eficaz – en cuanto ley – que hace que un conjunto de individuos se instituya como sociedad y, al mismo tiempo, que instituye a los individuos como miembros de la misma. En este marco, la crisis de las instituciones sociales, en particular las de cuidado, tienen consecuencias no solo en la sociedad sino en los modos de ser sujeto.

El estudio del cuidado infantil durante la pandemia y las medidas ASPO requiere del análisis de las transformaciones que se dan en las instituciones sociales que los niños y las niñas habitan, principalmente la escuela y la familia. En torno a estas transformaciones, diversos organismos (OMS, 2020; UNICEF, 2020b) manifestaron preocupación acerca de cómo la salud mental de este grupo etario se ve afectada en el contexto de encierro e incertidumbre. La Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria (2020) presentó una recopilación de afectaciones de la pandemia del COVID-19 a diversos colectivos de niñas, niños y adolescentes: mayor exposición a situaciones de maltrato y violencia de género; agravamiento de problemas de salud mental; crecimiento del trabajo infantil; diversas situaciones que pueden implicar una separación familiar y profundización de procesos de exclusión social.

Investigadores españoles (Orgilés et al., 2020) exploraron efectos psicológicos inmediatos de la cuarentena en torno a la pandemia del COVID-19 en la salud mental de niñas y niños de ese país y de Italia. Encontraron dificultades para concentrarse, sentimientos de aburrimiento, desgano, inquietud, intranquilidad, nerviosismo, irritabilidad, enfados, tristeza, mayor propensión a discutir con el resto de la familia, mayor dependencia de las figuras parentales, preocupación cuando alguien sale de la casa, problemas de comportamiento, además de comer más de lo habitual, sensación de miedo a dormir solos, apariciones de llantos con facilidad y sentir miedo a la infección del COVID-19.

En el contexto de la pandemia, Wang et al. (2020) resaltaron en un estudio sobre la población infantil en situación de aislamiento, que la colectividad entra en disputa ante la ruptura de los lazos entre pares y con las figuras de sostén extrafamiliares como, por ejemplo, la docencia. Asimismo, los espacios de socialización en donde tenían lugar dichos lazos se virtualizan en el mejor de los casos, lo que vuelve necesario pensar en un abordaje complejo de la salud integral de niños y niñas. En este sentido, Doyle (2020) sostiene que las desigualdades acentuadas en el acceso a la virtualidad se articulan en lo imprevisto de un acontecimiento que opera con dificultades para la transición digital y la organización de la transmisión de saberes. La no posibilidad de los encuentros, de las miradas, las palabras, y los cuerpos en los espacios escolares son una barrera y se requieren de creatividad para construir procesos que no impliquen el acrecentamiento de la brecha educativa.

En este marco, surgen interrogantes que orientan este trabajo de investigación desarrollado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Argentina, con personas adultas a cargo del cuidado de niñas y niños en espacios familiares: ¿cómo se reconfiguraron los lazos sociales de niñas y niños a partir de las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio en el contexto de la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias en espacios sociales de cuidado como la familia y la escuela? ¿Cuáles fueron las posibilidades de desplegar prácticas de cuidado en los ámbitos socio-familiares? ¿Cuáles fueron las afectaciones subjetivas percibidas en los grupos familiares a partir de las nuevas coordenadas producidas por la pandemia?

Marco metodológico

En función de los interrogantes planteados en el apartado anterior, este artículo tiene como objetivo analizar las reconfiguraciones de los lazos sociales infantiles a partir de las transformaciones de los espacios sociales de cuidado (familia y escuela) durante la pandemia del COVID-19, desde la perspectiva de las personas adultas cuidadoras en el espacio familiar.

Para ello se realizó una investigación de tipo exploratoria y corte transversal con un enfoque mixto, con personas mayores de 18 años a cargo del cuidado de niños o niñas de entre 5 y 12 años con los que conforman grupos familiares, en el territorio del AMBA, durante los meses de junio y julio de 2020. Debido a que en el territorio seleccionado regían en ese período las máximas restricciones de circulación en el marco de la política sanitaria del ASPO, se conformó una muestra intencional a través del método de bola de nieve. El mismo es una técnica no probabilística de selección muestral que consiste en que los primeros participantes del estudios seleccionados en base a los criterios de inclusión-exclusión, refieran al equipo de investigación otros posibles participantes del estudio que, en el caso de ser incluidos, podrán también sugerir otros participantes. Para llevar adelante este proceso el equipo investigador definió un núcleo de 10 casos posibles de participantes buscando la máxima variabilidad. Se buscó que la muestra fuera heterogénea en cuanto al lugar de residencia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Gran Buenos Aires) y en cuanto al nivel educativo (máximo nivel de estudios alcanzados). Una vez contactados con los mismos, se les pidió que refirieran al menos dos personas que pudieran cumplir con los requisitos de inclusión en el estudio. Luego, se tomó contacto con dichas personas de manera telefónica y, en los casos que aceptaron participar, se les solicitó la misma referencia. El estudio quedó conformado finalmente por 126 participantes, número máximo de participantes contactados de manera directa en el período de tiempo seleccionado.

Del total de participantes (n=126), 110 eran personas de género femenino (87,3%), 15 de género masculino (11,9%) y una persona autopercibida como no binaria (0,8%). Las edades variaron en un rango entre 20 y 52 años, con una media de 38,76 años y desvío de 7,04. La zona de residencia se distribuyó con un 67,2% de participantes pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 32,5% al Gran Buenos Aires. En cuanto a su nivel de estudios, el grupo más grande (35,7%) tenía estudios universitarios o terciarios completos, luego seguía el grupo con estudios universitarios o terciarios incompletos (35,39%), el 15,07% tenía secundario completo, el 13,49% tenía estudios de posgrado completo o incompleto, el 7,93% tenía secundario incompleto y solo el 2,38% solo había alcanzado los estudios primarios completos.

Acerca de las niñas y niños convivientes con las personas adultas entrevistadas, se realizó un registro total de 240 chicas y chicos, perteneciendo 169 de ellos al rango de edad requerido para la participación en la investigación (5 a 12 años). Su distribución según edades según el rango de edad del estudio (n=169) consistió en 15,97% para niños y niñas de 11 años de edad; 13, 6% tanto para el grupo de 5 años de edad como para el grupo de 8 años de edad; 11,83% para los grupos de 7 años de edad, 9 años de edad y 10 años de edad; y, finalmente, 7,1% para el grupo de 12 años de edad. Asimismo, el 13,5% de estos niños o niñas presentaba alguna discapacidad o problema de salud crónico.

En cuanto a la relación de las personas adultas con este grupo de niñas y niños, la mayoría (84,12%) manifestó ser la madre, el 11,9% indicó ser padre, el 4,7% señaló ser tía o tío, mientras que otro 4,7% correspondió a otro tipo de vínculo familiar como abuela, abuelo, hermano, primo y pareja de su padre.

Del total de hogares relevados, un 50% señaló que todos los miembros de la familia se encontraban todas las personas adultas cumpliendo el aislamiento total, mientras que en el 38,9% de los casos algunos miembros se encontraban en aislamiento y otros no, y en el 11,1% de los hogares ninguno de los miembros adultos estaba en completo aislamiento. En cuanto a la situación económica de los hogares, el 4,8% indicó tener ingresos muy bajos, el 20,8% bajos, el 65,6% medios, el 7,2% medio-altos y el 1,6% altos. Al momento de responder, sólo dos hogares habían tenido miembros diagnosticados con COVID-19.

El instrumento utilizado en la indagación fue una entrevista virtual organizada a partir de un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas. En el diseño del instrumento se trabajó sobre cuestiones sociodemográficas, conformaciones del hogar, situación laboral, trabajo de cuidado doméstico, acceso a la atención en salud en el contexto de la pandemia, percepción acerca del malestar infantil, dinámicas de comunicación y convivencia y situación escolar de los niños o niñas de referencia, así como dos preguntas dirigidas a niños. Cabe señalar que la aplicación de esta parte del cuestionario implicó la intermediación de la persona adulta tanto para la facilitación de las preguntas como el registro de las respuestas de los niños y niñas participantes, lo que limitó la participación infantil en el proceso de investigación.

Sobre el tratamiento de los datos, para el caso de los cuantitativos se realizó un análisis estadístico mientras que con los datos cualitativos se implementó un análisis de contenido (Cohen; Gómez Rojas, 2018).

En cuanto a la ética de la investigación, se trabajó con un consentimiento informado en primer lugar oral y luego escrito virtual en donde las personas participantes fueron informadas acerca del propósito del estudio y su colaboración en el mismo. En el caso de las personas adultas, el consentimiento se trabajó de manera directa entre el equipo de investigación y la persona mientras que en el caso de las niñas y los niños, el consentimiento y la participación fue mediado por la persona adulta de referencia, no porque no se considere el derecho a la voz y a ser escuchados de la población infantil en las investigaciones sino en función de las limitaciones en el acceso directo para el contacto con la misma en el contexto del estudio.