Las problemáticas en materia de seguridad alimentaria han estado vigentes en la historia de la humanidad adquiriendo diferentes matices y expresiones, que van desde la desnutrición predominante hasta la obesidad en ascenso. Dichos desequilibrios nutricionales están inmersos en sociedades donde coexisten la riqueza y la pobreza, donde, por un lado, encontramos una lluvia de información sobre los beneficios de mantener un peso equilibrado y de acceder a una oferta de alimentos con alto contenido energético, mientras, por otro lado, diversas circunstancias socioeconómicas y geográficas comprometen la producción y acceso a los alimentos.

 

Aunque el problema de la seguridad alimentaria es antiguo, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que comenzó a ser discutido, siendo el derecho a la alimentación ratificado en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No obstante, la operacionalización de ese derecho no sería explicitada hasta 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (ONU, 1948, 1966).  

 

A fin de determinar obligaciones, fue imperiosa una nueva interpretación de la ONU sobre el derecho a la alimentación, establecido en la Observación General nº. 12, sobre el papel del Estado y las medidas que debe adoptar para garantizarlo (CDESC, 1999).  Posteriormente, fue creada la figura del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y fueron aprobadas las Directrices Voluntarias, ambas cuestiones se dieron en la búsqueda de garantizar ese derecho (FAO, 2000, 2005).

 

Específicamente para niños y niñas, el derecho a la alimentación, fue enunciado en la Declaración de los Derechos de la Niñez adoptados en 1959 y fue reafirmado en la Declaración Universal de  los Derechos Humanos, en el artículo 10 del PIDESC y en los artículos 23 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966, 1989). A partir de la ratificación de dichos acuerdos, cada uno de los países signatarios, como Guatemala, debe buscar formular políticas y programas coherentes con su realidad.

 

Guatemala es el país más populoso de Centroamérica, está dividido en 22 departamentos, cuya población es mayoritariamente indígena de ascendencia maya, constituyendo cerca del 60 por ciento del total (Becerrill; López, 2011). Los mayas, por su parte, son el grupo indígena más numeroso y diverso de América. Actualmente, se reconocen en Guatemala 22 comunidades lingüísticas distribuidas entre cada uno de los departamentos (IWGIA, 2016).

 

Producto de la discriminación étnica en la vida nacional guatemalteca, la alta concentración de riqueza y tierra han conformado un patrón social altamente excluyente de la población maya, a pesar de ser mayoritaria (Sánchez-Midence; Victorino-Ramírez, 2012). Guatemala, inclusive, se encuentra clasificada entre los países con mayor desigualdad en el mundo, ocupando la posición 119. Cuando se comparan los grupos indígena y no indígena, utilizando el índice de Theil[1], cuyo valor es de 8.5 para este caso, la desigualdad se hace aún más notoria (PNUD, 2016). Dicha desigualdad se expresa en varias esferas, entre ellas, el derecho de alimentarse.

 

Guatemala (1985) en teoría debiera garantizar el derecho a la alimentación, al ser obligación del Estado proveer un desarrollo integral. De ese mandato constitucional, así como de los tratados internacionales adoptados, en el año 2005, se derivó la aprobación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, marco de referencia para la implementación y diseño de planes para combatir la inseguridad alimentaria.

 

El foco de este trabajo es describir el estado de seguridad alimentaria de la población, así como las políticas de seguridad alimentaria dirigidas a la población infantil principalmente, considerando que el derecho a la alimentación está garantizado por la legislación guatemalteca.

 

Situación nutricional de la infancia guatemalteca

 

En el año 2015, el número de niños menores de cinco años desnutridos de las regiones en desarrollo del mundo, presentó una disminución importante cuando se compara con los datos de los años 90. América Latina también redujo sus valores, aunque con diferencias intrarregionales, siendo América del Sur la única que alcanzó la meta de menos de 5% de niños desnutridos, que es lo esperado por otras causas (FAO; IFAD; WFP, 2015).

 

Cuando se muestran los avances de América Latina en materia de desnutrición, se invisibilizan, de cierta forma, casos dramáticos. Por ejemplo, según la FAO (2015), en Guatemala,  el 48% de los niños menores de cinco años padecen de desnutrición crónica y el 4.9% de obesidad. Además,  según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) (Guatemala, 2015), esos números se agravan cuando el 70.2% de los niños entre 0-9 años vive en situación de pobreza, con el agravante de que la población indígena es 1.7 veces más pobre que la no indígena. Además, el 27.1% de la población maya que vive en pobreza extrema aumentó a 39.8% en el 2014.

 

Asimismo, las diferencias entre comunidades lingüísticas van más allá de la pobreza, por ejemplo, entre niños y niñas cuyo idioma materno es el español existe una prevalencia menor de desnutrición crónica que entre aquellos cuyo idioma materno es el maya. Por ejemplo, las comunidades lingüísticas Chorti (80.7%), Akateco (79.1%) e Ixil (76.9%), localizadas principalmente en el occidente del país, son las más afectadas, presentando una situación de vulnerabilidad, mientras la ciudad de Guatemala, de predominancia ladina, posee un 26.3% de desnutrición crónica (ODHAG, 2011).

 

Para Dilley y Boudreau (2001), la vulnerabilidad se evalúa a partir de la capacidad de respuesta de los grupos o individuos ante la posibilidad de sufrir daños. Consecuentemente, a través de los datos mostrados, puede percibirse que la capacidad de la población maya guatemalteca de enfrentar la inseguridad alimentaria se ve limitada por las condiciones socioeconómicas adversas en que viven. De esta forma, se afecta no solo su capacidad inmediata de adquisición de alimentos, sino también se compromete su capacidad futura.

 

Según Freitas (2003), producto de la subordinación social, el hambre se concentra en aquellas personas condenadas, desde la más tierna edad, a la incertidumbre en torno  a cómo sobrevivir. Consecuentemente, la población maya guatemalteca es la más afectada, al haber sido históricamente atacada y subordinada de las más diversas formas, sea indirectamente, por la falta de políticas públicas incluyentes, o directamente, como en el caso del conflicto armado interno.

 

Por lo tanto, la seguridad alimentaria y nutricional no se corresponde simplemente con la condición de tener o no comida, sino que depende de una serie de factores que hacen de la seguridad alimentaria un fenómeno complejo, multidimensional y continuo, que puede empeorar debido a su relación con las condiciones económicas (Bezerra et al., 2015; Gubert; Santos, 2009).

Por consiguiente, para resolver un fenómeno de tal naturaleza no existe una receta única, sin embargo, se ha apuntado la necesidad de políticas económicas y sociales como un primer paso decisivo en la búsqueda de soluciones; además, también se destaca la necesidad de mecanismos de institucionalización que creen una base sólida para proteger los avances alcanzados y superar obstáculos futuros (FAO, 2015; Kepple, 2014; Valente, 2003).

Con fines operativos es posible dividir las políticas públicas de seguridad alimentaria de acuerdo a sus objetivos, ya sea garantizar el acceso a los alimentos, su disponibilidad, la utilización biológica adecuada de los mismos o la estabilidad alimentaria. Ante la vulnerabilidad infantil de las comunidades mayas a la desnutrición y reconociendo el potencial futuro que representan, se exploran las políticas en esas áreas, así como algunos desafíos.